El Gobierno de Javier Milei promulgó la nueva reforma laboral, una de las transformaciones más profundas del régimen de trabajo argentino en décadas. La norma, presentada como un proceso de “modernización laboral”, modifica aspectos centrales de la legislación vigente con el objetivo oficial de reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y flexibilizar las relaciones laborales entre empresas y trabajadores.
Entre los cambios principales se destacan nuevas reglas para los despidos y las indemnizaciones, con la posibilidad de crear fondos de cese laboral financiados por aportes patronales y administrados mediante convenios colectivos. También se introducen modificaciones en el sistema de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento en períodos mínimos de siete días y estableciendo que, en general, deben otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo distinto entre empleador y trabajador.
La reforma además limita el derecho de huelga al exigir niveles mínimos de funcionamiento durante las medidas de fuerza: los servicios considerados esenciales deberán garantizar al menos un 75% de actividad y otros sectores catalogados como trascendentales un 50%. Asimismo, amplía las actividades alcanzadas por estas restricciones y obliga a los sindicatos a presentar previamente un plan de ejecución de las protestas una vez finalizada la conciliación obligatoria.