La CGT presentó una acción de amparo ante la Justicia federal para intentar frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, apenas horas después de que la norma fuera promulgada. La central sindical ya había anticipado la medida durante una movilización frente al Palacio de Tribunales y ahora busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad de varios puntos de la ley.
El planteo judicial sostiene que la reforma —a la que los gremios califican como una “mal llamada modernización laboral”— implica un retroceso en derechos laborales y vulnera principios constitucionales de protección al trabajo. Según la CGT, los cambios afectan garantías históricas de los trabajadores y modifican el equilibrio de la relación laboral en favor de los empleadores.
Con este recurso, la central obrera apuesta a trasladar la disputa al plano judicial mientras evalúa futuras medidas sindicales. El amparo podría abrir una nueva etapa de conflicto político y legal en torno a una de las reformas estructurales más controvertidas del gobierno libertario.