La norma fue oficializada en el Boletín Oficial apenas diez días después de su aprobación en el Senado. Introduce cambios profundos en la responsabilidad penal de adolescentes y redefine el sistema de sanciones con foco en la resocialización.
El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma clave del sistema penal que fue sancionada por el Senado hace apenas diez días y que ahora quedó oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial. La ley constituye una de las principales iniciativas impulsadas por el oficialismo en materia de seguridad y establece un nuevo marco legal para juzgar delitos cometidos por adolescentes.
El cambio más significativo es la reducción de la edad de imputabilidad: a partir de la nueva normativa, los adolescentes podrán ser penalmente responsables desde los 14 años, cuando hasta ahora el límite estaba fijado en los 16. La legislación prevé un sistema de sanciones diferenciado según la edad y la gravedad del delito, con penas que pueden llegar a un máximo de 15 años, además de medidas alternativas como programas educativos o comunitarios.
La ley también establece que la privación de la libertad debe ser un recurso excepcional y aplicado por el menor tiempo posible, priorizando la educación, la reinserción social y la prevención de la reincidencia. Asimismo, prohíbe penas perpetuas o antecedentes penales permanentes para menores, en un intento de equilibrar el endurecimiento del régimen con principios de resocialización.