La Justicia consideró que no hubo delito en los dichos de los periodistas y recordó que las calumnias e injurias deben canalizarse por vías privadas, no penales.
La Justicia resolvió no avanzar con la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, al concluir que las expresiones cuestionadas no configuran un delito penal.
El análisis judicial sostuvo que los comentarios realizados en un programa de televisión se inscriben dentro del ámbito del debate político y la opinión pública, un terreno especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión.
En esa línea, se subrayó que los delitos de calumnias e injurias no pueden ser impulsados por el Ministerio Público, ya que se trata de figuras de acción privada que requieren la iniciativa directa del presunto damnificado.
Asimismo, la resolución dejó en claro que, en caso de considerar afectado su honor, la vicepresidenta podría recurrir a una acción civil o a una querella particular, pero no a la vía penal utilizada en esta instancia.
El fallo se enmarca en una doctrina consolidada que establece que las figuras públicas deben tolerar un mayor nivel de crítica, especialmente cuando se trata de opiniones vinculadas a cuestiones políticas o institucionales.