El Ejecutivo acelera su agenda de reformas estructurales con iniciativas clave que apuntan a modificar el sistema judicial, el esquema impositivo, el régimen electoral y el marco normativo de la economía.
El gobierno de Javier Milei avanza con una nueva etapa de su programa legislativo y prepara el envío al Congreso de un paquete de iniciativas consideradas centrales dentro de su plan de transformación del Estado. Se trata de cuatro proyectos de ley que buscan redefinir aspectos estructurales del funcionamiento institucional y económico del país.
En primer lugar, el oficialismo impulsa una reforma integral del Código Civil y Comercial junto con el Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de reforzar la protección de la propiedad privada, a la que el Presidente define como “la piedra angular de la economía”.
Otro de los ejes será una reforma impositiva, orientada a reducir la carga tributaria y simplificar el sistema, en línea con la visión del Gobierno de que los impuestos deben incentivar el crecimiento económico y no obstaculizarlo.
El paquete también incluye cambios en el plano político-institucional, con una reforma electoral que abarcará el financiamiento de los partidos y el sistema de votación, en el marco de una estrategia que busca modificar las reglas de competencia política y el funcionamiento del sistema democrático.
Por último, el Ejecutivo proyecta una reforma del Poder Judicial, que contempla la implementación de juicios por jurado en el ámbito federal y modificaciones en el Código Penal, con el objetivo de endurecer penas y ampliar la aplicación de prisión efectiva.
Estas iniciativas forman parte de un esquema más amplio de reformas que el Gobierno pretende desplegar durante el año legislativo, con la ambición de “rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina” a través de múltiples proyectos enviados de manera escalonada al Congreso.
En este contexto, la Casa Rosada busca acelerar acuerdos políticos que le permitan avanzar con una agenda que combina desregulación económica, cambios estructurales y reformas de fondo en el sistema jurídico y político, en un escenario donde el oficialismo aún necesita construir mayorías parlamentarias para concretar su programa.