Polémica y fuerte operativo de seguridad: arrancaron las audiencias públicas por la ley de Glaciares

El debate en Diputados comenzó en un clima de tensión política, denuncias por restricciones a la participación y un amplio despliegue de seguridad en el Congreso.

Las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares comenzaron en la Cámara de Diputados en medio de un clima de alta tensión política, cuestionamientos opositores y un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

El inicio del debate estuvo marcado por la controversia en torno a la participación ciudadana. Si bien más de 100 mil personas se inscribieron para exponer, solo una porción mínima podrá hacerlo de manera oral, lo que generó críticas y denuncias por “restricciones ilegítimas” en el acceso a la palabra.

En paralelo, el oficialismo avanzó con una metodología que limita los tiempos de exposición y establece modalidades alternativas —como presentaciones escritas o en video—, mientras que sectores de la oposición sostienen que el proceso vulnera principios de transparencia y participación establecidos en la normativa ambiental.

El contexto también estuvo atravesado por un importante despliegue de seguridad. Desde temprano, se montó un operativo reforzado con presencia de fuerzas federales en el perímetro del Congreso, en previsión de movilizaciones convocadas por organizaciones socioambientales en rechazo al proyecto.

Dentro del recinto, la jornada no estuvo exenta de incidentes: se registraron cruces entre legisladores y momentos de alta tensión durante las exposiciones, reflejando la fuerte polarización que genera la reforma.

El debate gira en torno a la modificación de la Ley 26.639, que actualmente protege los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, y cuya reforma propone otorgar mayor protagonismo a las provincias y flexibilizar ciertos criterios de protección.

Así, las audiencias se desarrollan en un escenario cargado de conflicto político y social, donde se enfrentan dos visiones contrapuestas: el impulso al desarrollo productivo —especialmente minero— y la defensa de los recursos naturales como bienes estratégicos.