Legisladores de distintos bloques denunciaron irregularidades en el proceso, cuestionaron la limitación de la participación ciudadana y pidieron la nulidad de la convocatoria.
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo de tensión en la Cámara de Diputados, donde distintos bloques opositores presentaron una impugnación formal contra la audiencia pública convocada para debatir el proyecto. La medida apunta directamente a frenar el proceso en curso y cuestionar su validez institucional.
El planteo solicita la nulidad de las audiencias y la convocatoria a un nuevo proceso que garantice condiciones efectivas de participación, al considerar que el esquema actual restringe el acceso de la ciudadanía a un debate de alto impacto ambiental y social.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la metodología adoptada. Según los legisladores, existe una desproporción evidente entre la cantidad de inscriptos y quienes podrán exponer de manera oral, ya que de más de 100.000 personas registradas, solo un porcentaje mínimo (0,3%) tendrá intervención directa. Para el resto, se habilitaron modalidades alternativas, como presentaciones escritas o grabadas, lo que —afirman— reduce sustancialmente la incidencia real de las voces participantes.
La iniciativa fue impulsada por un conjunto amplio de diputados de diferentes espacios políticos, entre ellos Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Lucía Cámpora, Adriana Serquis y Gabriela Estévez, quienes coincidieron en señalar “graves irregularidades” en la organización del proceso.
En el escrito presentado, también se advierte que el procedimiento podría vulnerar normas constitucionales y tratados internacionales, especialmente aquellos que garantizan el acceso a la información y la participación pública en materia ambiental, como el Acuerdo de Escazú.
Además, los legisladores cuestionaron la falta de transparencia en la selección de expositores y los cambios en las condiciones de participación una vez iniciado el proceso, lo que —según sostienen— compromete la legitimidad del debate.
Aunque reconocen que el planteo difícilmente prospere en el ámbito parlamentario inmediato, desde la oposición ya anticipan una estrategia a futuro: llevar el conflicto a la Justicia en caso de que la reforma avance sin modificaciones, lo que podría abrir un nuevo frente judicial en torno a la ley.
En este contexto, la controversia excede lo procedimental y se inscribe en una discusión más profunda: el equilibrio entre el desarrollo de actividades productivas y la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua, un eje que vuelve a dividir posiciones políticas y sociales en la Argentina.