Tras una presentación de la CGT, un juzgado laboral dictó una cautelar que frena provisoriamente parte central de la ley y abre un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el sindicalismo.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sufrió este lunes un fuerte revés judicial luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63 resolviera suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, a raíz de una acción presentada por la Confederación General del Trabajo.
La medida cautelar alcanza puntos centrales de la norma, entre ellos la reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, los cambios en el derecho de huelga, la representatividad sindical y la derogación de la ley de teletrabajo, aspectos que habían sido fuertemente cuestionados por la central obrera.
En su presentación, la CGT argumentó que la reforma afecta derechos y garantías fundamentales consagrados por la Constitución Nacional y tratados internacionales, como la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la protección laboral y el principio de progresividad de los derechos sociales.
El fallo judicial consideró acreditados los requisitos para dictar la cautelar y resolvió mantener el “status quo” hasta que se analice el fondo de la cuestión, al advertir que la entrada en vigencia inmediata de estos artículos podría ocasionar “daños irreparables” sobre derechos individuales y colectivos.
Entre los puntos que quedaron en suspenso figuran además las nuevas reglas para trabajadores de plataformas, la limitación de la responsabilidad solidaria de empleadores, cambios en jornadas, vacaciones, licencias y mecanismos indemnizatorios, además del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los ejes más sensibles de la reforma.
La resolución se conoce apenas días después de otro fallo que ya había suspendido artículos de la misma ley en el ámbito del convenio colectivo de empleados de comercio, profundizando la ofensiva judicial contra la reforma.
Desde el Ejecutivo habían defendido la iniciativa como una herramienta destinada a fomentar la inversión, reducir la litigiosidad y promover el empleo formal, aunque ahora el expediente abre una nueva etapa de disputa judicial y política entre el Gobierno y el sindicalismo.
De este modo, la reforma laboral vuelve a quedar en el centro de la tensión institucional, en un escenario donde la discusión ya no solo se da en el Congreso y la calle, sino también en los tribunales.