FOPEA alertó por una fuerte escalada contra los periodistas
La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja inició su trabajo con foco en el aumento de agresiones al periodismo. El informe de FOPEA mostró una suba sostenida en los últimos años y puso el acento en el rol de las redes sociales y la intimidación digital.
La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados comenzó formalmente su agenda de trabajo con una fuerte preocupación por el incremento de ataques al periodismo y a la libertad de expresión en la Argentina, a partir de los datos difundidos por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
Durante la primera reunión, legisladores de distintos bloques advirtieron sobre el deterioro del clima para el ejercicio periodístico y el impacto que tienen las redes sociales como espacio de hostigamiento, intimidación y campañas de desinformación, especialmente entre jóvenes.
Según el monitoreo de FOPEA, los casos registrados pasaron de 116 en 2023 a 179 en 2024, lo que representó un incremento del 54% interanual, mientras que en 2025 la cifra escaló a 278 hechos.
Uno de los datos que más preocupación generó en la comisión fue el aumento de las agresiones directas atribuidas al poder político, particularmente a través de expresiones públicas y publicaciones en redes. FOPEA señaló que en 2025 se contabilizaron 119 casos vinculados al Presidente de la Nación, lo que representó el 55% del total de agresiones relevadas ese año.
El diputado Guillermo Montenegro, presidente de la comisión, sostuvo que se trata de uno de los ámbitos “más importantes en este momento del país”, mientras que el vicepresidente primero, Nicolás Trotta, puso el foco en la necesidad de garantizar el derecho ciudadano a informarse sin intimidaciones ni censura.
Por su parte, la diputada Lourdes Arrieta sumó la preocupación por la circulación de mensajes agresivos y situaciones de bullying digital, especialmente en adolescentes y jóvenes, al advertir sobre los efectos que producen las redes en la construcción de opinión pública.
La apertura de este debate en Diputados instala nuevamente en la agenda parlamentaria la discusión sobre libertad de prensa, violencia digital y responsabilidad institucional, en un contexto de creciente polarización política.
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