Código Penal: mano dura y nuevos delitos en debate
La Casa Rosada posterga el envío de la reforma penal mientras define si avanza con un paquete acotado de cambios o con una modificación integral. Entre los puntos en estudio figuran penas más duras, nuevos delitos y cambios en la política criminal.
El Gobierno nacional mantiene en suspenso el envío al Congreso del proyecto de reforma del Código Penal, en medio de una fuerte discusión interna sobre el alcance de la iniciativa. Mientras un sector del oficialismo impulsa avanzar por etapas, con un paquete más reducido y políticamente viable, otros dirigentes sostienen que debería presentarse una propuesta integral que abarque capítulos centrales del régimen penal vigente.
La principal diferencia gira en torno a la estrategia legislativa: por un lado, se busca priorizar reformas con mayor posibilidad de consenso parlamentario; por otro, sectores del Ejecutivo consideran que fraccionar el proyecto podría diluir su impacto político y extender indefinidamente la discusión. En ese marco, la Casa Rosada analiza qué modificaciones enviar primero a la Cámara de Diputados.
Modificaciones que se estudian
Entre los cambios que actualmente están bajo análisis aparecen:
- endurecimiento de penas por reincidencia y multirreincidencia
- incorporación de nuevos delitos, como estafas piramidales
- agravamiento de figuras vinculadas a entraderas, salideras y motochorros
- aumento de penas por grooming y abuso sexual infantil
- sanciones más severas para picadas callejeras
- tipificación o agravamiento por tenencia de armas dentro de cárceles
- reformas sobre maltrato animal
- revisión de delitos vinculados a la usurpación y defensa de la propiedad privada
- mayores herramientas para investigar crimen organizado, narcotráfico y delitos digitales
- discusión sobre corrupción y lavado de dinero
- antecedentes recientes de baja de la edad de imputabilidad, ya tratada por el Congreso
Además, dentro del oficialismo también se analiza la posibilidad de avanzar sobre figuras penales relacionadas con delitos complejos y nuevas modalidades delictivas vinculadas a la tecnología, en línea con una agenda de “mano dura” que el Gobierno considera prioritaria para este año legislativo.
