La Pampa judicializó la reforma de la Ley de Glaciares y presentó un amparo colectivo para frenar su aplicación
El gobierno de Sergio Ziliotto acudió a la Justicia tras la aprobación de la nueva norma en Diputados. Sostiene que la modificación vulnera derechos ambientales, pone en riesgo el acceso al agua del río Colorado y podría derivar en una disputa constitucional de alcance federal.
La Provincia de La Pampa presentó este miércoles un amparo ambiental colectivo para intentar frenar la entrada en vigencia de la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada en la Cámara de Diputados en medio de una fuerte polémica política y ambiental. La acción judicial fue confirmada por el gobernador Sergio Ziliotto, quien argumentó que la nueva legislación “lesiona derechos ambientales colectivos” y compromete el acceso al agua de una parte sustancial de la población pampeana.
Según el planteo oficial, la reforma implica una regresión en los estándares de protección ambiental, al limitar la tutela automática sobre glaciares y ambientes periglaciares y delegar en las provincias la determinación de qué zonas mantienen protección en función de su “función hídrica efectiva”. Para La Pampa, esa modificación impacta de forma directa sobre la cuenca del río Colorado, de origen glaciar, de la que dependen dos tercios de la población provincial para su abastecimiento de agua.
Desde la Casa de Gobierno pampeana sostuvieron además que la reforma podría resultar inconstitucional, al afectar los presupuestos mínimos de protección ambiental previstos en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. En esa línea, distintas fuentes jurídicas y medios especializados remarcaron que el reclamo invoca el principio de no regresión ambiental, uno de los ejes centrales del debate que ya comenzó a trasladarse al plano judicial.
La presentación judicial se produce apenas horas después de la sanción de la reforma, que fue celebrada por el oficialismo nacional y por sectores vinculados a la actividad minera como una medida destinada a expandir inversiones en la cordillera y equiparar el desarrollo extractivo con países como Chile. Sin embargo, la oposición, organizaciones ambientalistas y gobiernos provinciales no mineros anticiparon una ola de litigios y cuestionamientos institucionales.
El conflicto abre así una nueva etapa en la disputa por la Ley de Glaciares: ya no sólo en el Congreso, sino también en los tribunales, donde la Corte Suprema podría terminar teniendo la última palabra sobre una de las reformas ambientales más controvertidas del año.
