Buscan reforzar el control de conflictos de intereses en Diputados
La iniciativa impulsada por Mónica Frade propone crear un observatorio específico dentro de la Cámara baja para detectar incompatibilidades, vínculos privados y posibles situaciones que comprometan la imparcialidad legislativa. El proyecto suma respaldo de diputados de distintos bloques.
La Cámara de Diputados sumó un nuevo proyecto orientado a fortalecer los mecanismos de transparencia institucional. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una iniciativa para crear un Observatorio sobre Conflicto de Intereses en la función legislativa, un ámbito técnico destinado a relevar y prevenir posibles incompatibilidades entre la actividad parlamentaria y los intereses privados de los legisladores.
El proyecto, registrado como expediente 1194-D-2026, lleva además las firmas de legisladores de distintos espacios, entre ellos Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Pablo Yedlin, Sabrina Selva y Juan Carlos Molina, lo que le da un carácter transversal dentro de la Cámara. Según el trámite parlamentario, la propuesta ya fue girada a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa apunta a analizar declaraciones juradas, participaciones societarias, contratos, vínculos empresariales y relaciones patrimoniales que puedan interferir en el ejercicio de la función pública. También prevé la elaboración de informes y alertas para detectar situaciones de posible incompatibilidad antes del tratamiento de proyectos sensibles.
El planteo se da en un contexto de fuerte debate sobre ética pública y transparencia. En los últimos días, la propia Frade había impulsado una denuncia para investigar presuntos conflictos de interés en créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores, tema que fue ampliamente cubierto por otros medios nacionales.
Ese antecedente político le agrega peso al nuevo proyecto, que desde sectores opositores presentan como una herramienta para elevar los estándares de control interno del Congreso y prevenir situaciones que puedan derivar en cuestionamientos políticos o judiciales.
