Ley de Glaciares: entre la opacidad oficial y el riesgo de un retroceso ambiental
Las críticas de Germán Martínez vuelven a poner en el centro del debate no sólo el contenido de la reforma, sino también el modo en que el oficialismo intenta acelerar una modificación sensible sin consensos ni transparencia.
La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares expone mucho más que una diferencia legislativa: revela una forma de construcción política que el Gobierno viene profundizando desde su llegada al poder. Las declaraciones del jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, sintetizan con claridad una preocupación que excede a la oposición: la falta de transparencia en el proceso parlamentario y en las audiencias públicas que precedieron el debate.
Martínez fue contundente al calificar esas instancias como “sumamente cuestionadas, arbitrarias y sin ningún tipo de transparencia a la hora de asignar la palabra”, una definición que pone en crisis la legitimidad del procedimiento.
Si el Congreso pretende avanzar sobre una ley de presupuestos mínimos ambientales, la discusión no puede quedar reducida a una formalidad acelerada ni a una mera ratificación de decisiones ya tomadas por el Ejecutivo.
El punto más delicado no es sólo la oportunidad política, sino el alcance institucional y ambiental de la reforma. La iniciativa oficial redefine la protección de áreas periglaciares, acotándola a zonas que acrediten una función hídrica específica y otorgando mayor margen de decisión a las provincias. Para sus impulsores, esto implica “clarificar” la norma; para amplios sectores ambientales, científicos y opositores, significa lisa y llanamente un retroceso en la tutela de reservas estratégicas de agua dulce.
No es casual que Martínez haya invocado la Ley General del Ambiente, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. No se trata de una mención retórica: esos instrumentos exigen participación efectiva, acceso a la información y consulta en decisiones que impactan sobre bienes comunes y comunidades potencialmente afectadas. Cuando la oposición denuncia que la audiencia pública no cumplió con esos estándares, la discusión deja de ser exclusivamente política y pasa al terreno de la legalidad constitucional y convencional.
En este contexto, la estrategia oficial de avanzar rápidamente hacia el dictamen y luego al recinto alimenta la sospecha de que el Gobierno busca consolidar una mayoría antes de que el debate social escale. Greenpeace, organizaciones socioambientales y sectores académicos ya manifestaron un rechazo frontal, mientras crece la idea de que cualquier aprobación podría terminar judicializada.
La verdadera pregunta no es si el Congreso puede modificar la ley. Puede hacerlo. La cuestión es cómo y para quién se modifica. Cuando la transparencia del proceso aparece en discusión y lo que está en juego son glaciares y reservas hídricas, el margen para el error político e institucional se vuelve mínimo.
Porque, en definitiva, la discusión no es sólo sobre minería o federalismo ambiental. Es sobre si el Congreso está dispuesto a legislar de cara a la sociedad o a convalidar, a libro cerrado, una reforma que toca uno de los pilares de la protección ambiental argentina.
