La organización ambientalista presentó una cautelar contra el esquema de audiencias del Congreso y cuestionó las limitaciones a la participación ciudadana.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo frente de conflicto luego de que Greenpeace acudiera a la Justicia para frenar el esquema de audiencias públicas definido por el oficialismo. La organización pidió una medida cautelar para que se garantice la participación oral de la totalidad de los casi 100 mil inscriptos.
El planteo apunta directamente contra el formato previsto por la Cámara de Diputados, que limita las exposiciones a un número reducido de oradores. Según el cronograma vigente, solo unos pocos participantes podrán intervenir de manera presencial o virtual, mientras que el resto deberá enviar sus aportes por escrito o en video, lo que para Greenpeace implica una restricción al derecho a la participación efectiva.
En su presentación judicial, la organización reclamó que el Congreso adopte medidas que permitan una intervención real de todos los inscriptos y pidió reformular el cronograma mediante la ampliación de las jornadas o la incorporación de nuevas instancias de exposición.
Además, cuestionó los mecanismos alternativos propuestos, como el envío de videos o presentaciones audiovisuales, al considerar que no reemplazan adecuadamente la participación oral en audiencias públicas.
El caso quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, que deberá resolver si hace lugar al planteo. De prosperar la cautelar en los términos solicitados, el proceso podría extenderse considerablemente, ya que se estima que dar lugar a todos los expositores demandaría cientos de jornadas.
El conflicto se da en un contexto de alta tensión política y social por la reforma de la ley, donde organizaciones ambientales advierten que el nuevo esquema podría afectar tanto la protección de los glaciares como los estándares de participación ciudadana establecidos en acuerdos internacionales como el de Escazú.