Argentina votó en contra de una resolución sobre la esclavitud y la ONU advirtió un retroceso en derechos humanos

La decisión del Gobierno en la Asamblea General generó críticas internacionales y encendió alertas por el rumbo de la política exterior en materia de derechos humanos.

La Argentina volvió a quedar en el centro de la polémica internacional tras votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que declaraba a la esclavitud y la trata transatlántica como “el crimen más grave contra la humanidad”, una iniciativa que fue aprobada por amplia mayoría.

El resultado de la votación reflejó un fuerte consenso global: 123 países respaldaron el texto, mientras que solo tres —Argentina, Estados Unidos e Israel— votaron en contra, y más de 50 se abstuvieron.

La resolución, impulsada por países africanos, no solo tiene un valor simbólico, sino que también apunta a abrir el debate sobre mecanismos de reparación histórica, incluyendo compensaciones, disculpas oficiales y medidas de memoria y justicia.

Desde Naciones Unidas, el posicionamiento argentino fue interpretado como parte de un giro más amplio en su política internacional. En ese sentido, distintos organismos y actores advirtieron que la postura podría implicar “un retroceso en materia de derechos humanos”, al alejarse de consensos históricos sostenidos por el país en foros multilaterales.

El voto negativo se inscribe, además, en una línea adoptada por el gobierno de Javier Milei, que viene rechazando resoluciones vinculadas a conceptos como “justicia social”, “reparaciones históricas” o enfoques asociados al neocolonialismo, en función de su visión ideológica sobre el rol del Estado y los organismos internacionales.

La resolución aprobada por la ONU califica a la esclavitud como un fenómeno de “magnitud, duración y brutalidad excepcionales”, cuyas consecuencias persisten en la actualidad en forma de desigualdad estructural y racismo.

En este contexto, la decisión argentina no solo generó repercusiones diplomáticas, sino que también reavivó el debate interno sobre el posicionamiento del país en materia de derechos humanos y su rol en la agenda internacional, en un escenario global cada vez más atravesado por disputas en torno a la memoria histórica y las reparaciones.

(UN Photo / Manuel Elías)