Tras más de una década de litigio, la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la sentencia contra el país por la expropiación de la petrolera. Milei celebró el resultado, mientras Cristina Kirchner y Axel Kicillof reivindicaron la decisión original y hablaron de un juicio “absurdo”.
Luego de once años de demandas, fallos cruzados y riesgo de embargos internacionales, la Justicia de Estados Unidos dio un giro clave en el juicio por la expropiación de YPF: una corte de apelaciones revocó la condena que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares a fondos demandantes.
El fallo, que deja sin efecto una de las mayores sentencias económicas contra el país, se basó en que los reclamos de los accionistas minoritarios no tenían sustento bajo la legislación argentina, lo que desactivó una amenaza que equivalía a cerca del 45% del presupuesto nacional.
Un litigio de más de una década
El conflicto se originó en 2012, cuando el Estado argentino expropió el 51% de YPF que estaba en manos de la española Repsol. A partir de allí, fondos que adquirieron derechos de accionistas minoritarios iniciaron demandas en Nueva York alegando trato desigual. Durante años, el expediente acumuló decisiones adversas para el país, incluyendo una sentencia de primera instancia en 2023 y órdenes que incluso contemplaban la entrega de acciones como forma de pago.
En ese contexto, el caso fue considerado por analistas como “el juicio del siglo” por su impacto potencial en la economía argentina y por la compleja trama judicial que incluyó financiamiento de litigios por parte de fondos internacionales.
La reacción del Gobierno y la polémica política
El presidente Javier Milei celebró el fallo como un triunfo histórico para su gestión y lo vinculó con la estrategia jurídica sostenida por el Estado en los tribunales internacionales. La decisión también fue leída como un alivio clave en medio de la delicada situación económica.
Sin embargo, la resolución reactivó la confrontación política interna. Tanto Cristina Fernández de Kirchner como Axel Kicillof —protagonistas de la expropiación— también celebraron el fallo y respondieron a las críticas del oficialismo, al sostener que el proceso judicial “carecía de fundamento” y que finalmente se validó la legalidad de la decisión adoptada en 2012.
Kicillof, entonces ministro de Economía, insistió en que los argumentos del tribunal coinciden con la posición histórica del Estado argentino y rechazó que factores políticos externos hayan influido en la resolución.
Debate por el costo y las alternativas
En paralelo, trascendieron versiones sobre posibles alternativas que evaluó el Gobierno para enfrentar una eventual derrota judicial, entre ellas la implementación de mecanismos extraordinarios de financiamiento para afrontar el pago a los acreedores, lo que generó controversia en el plano político y económico.
El desenlace judicial, aunque aún podría ser apelado, marca un punto de inflexión en uno de los litigios más sensibles para la Argentina en los últimos años. A la vez, deja abierta una discusión más amplia sobre el impacto de la expropiación, la seguridad jurídica y el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía.