La decisión de Javier Milei de ubicar a Alejandro Fargosi al frente de la lista porteña abrió un nuevo foco de debate político por sus antecedentes profesionales y el vínculo de su estudio con causas millonarias contra la Argentina.
La definición electoral de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires volvió a colocar en el centro de la escena a Alejandro Fargosi, luego de que el presidente Javier Milei lo eligiera para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por el distrito. La decisión, sin embargo, no tardó en generar repercusiones políticas por los antecedentes profesionales del abogado y la relación de su estudio con litigios de alto impacto económico para el país.
Según distintas publicaciones periodísticas, el estudio Fargosi & Asociados fue patrocinante de Burford Capital en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, una causa que derivó en una condena millonaria contra el Estado. En ese expediente, el fondo obtuvo cerca de 140 millones de dólares, mientras que el estudio habría percibido al menos 922 mil dólares en honorarios pagados por el Estado argentino.
La controversia se potenció por la reciente discusión pública en torno al caso YPF, luego del fallo favorable a la Argentina en la apelación de la causa iniciada por Burford y otros accionistas minoritarios tras la expropiación de 2012. El antecedente reavivó el debate sobre el rol de estudios jurídicos y fondos de litigio internacional en pleitos contra el país.
En este contexto, la candidatura de Fargosi fue leída por sectores opositores como una señal políticamente sensible, al vincular su nombre con causas que implicaron fuertes desembolsos para el Estado. Desde el oficialismo, en cambio, remarcan su trayectoria jurídica y su perfil técnico, al tiempo que allegados al candidato señalan que se desvinculó del estudio familiar en 1987, buscando diferenciar su rol personal de la actuación posterior de la firma.