El Presidente anunció el envío de un proyecto para modificar el régimen vigente con el objetivo de limitar futuras expropiaciones y reforzar la protección de la propiedad privada.
Luego del fallo favorable a la Argentina en la causa por YPF en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el presidente Javier Milei confirmó el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, en una iniciativa que busca evitar que se repitan litigios de alto costo para el Estado.
El anuncio fue realizado durante una cadena nacional, donde el mandatario sostuvo que la reforma apunta a que “la arrogancia de la política no nos vuelva a costar otra década perdida” y remarcó la necesidad de blindar la propiedad privada frente a futuras decisiones estatales.
Según trascendió en distintas publicaciones, el proyecto propone restringir los procesos de expropiación a situaciones excepcionales, reforzando requisitos vinculados a la utilidad pública, la indemnización previa y los mecanismos de control parlamentario.
La iniciativa se conoce días después de que la justicia estadounidense revocara la sentencia de primera instancia que condenaba a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación del 51% de YPF en 2012. Ese fallo había sido dictado por la jueza Loretta Preska y fue revertido por la Cámara al considerar que debía prevalecer la legislación argentina por sobre el estatuto societario de la empresa.
Desde el oficialismo, la reforma es presentada como una respuesta directa a ese antecedente judicial y como una señal política destinada a fortalecer la seguridad jurídica y la previsibilidad para las inversiones.
La decisión también reavivó el debate político interno. Mientras Milei reivindicó la reforma como una defensa de la propiedad privada, desde la oposición —particularmente desde el entorno de Axel Kicillof— se defendió la legalidad de la nacionalización de YPF y se insistió en que el proceso se realizó conforme a la Constitución y la ley vigente.
De este modo, el fallo por YPF no solo tuvo impacto judicial y económico, sino que abrió un nuevo frente legislativo en el Congreso, donde comenzará a discutirse el alcance del poder del Estado sobre activos estratégicos y el equilibrio entre interés público y propiedad privada.