El proyecto impulsado por la oposición busca compensar pérdidas inflacionarias, pero el Gobierno advierte que viola la Ley de Bases. Las frases cruzadas y los datos duros.
Villa del Parque, 6 de junio de 2025. El presidente Javier Milei anunció públicamente que vetará el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que establece un nuevo mecanismo de ajuste jubilatorio. La iniciativa, impulsada por bloques opositores, busca recomponer el poder adquisitivo perdido por los haberes previsionales frente a la inflación acumulada en los últimos trimestres.
«Este proyecto es un sabotaje al equilibrio fiscal. No estamos dispuestos a repetir los errores que nos llevaron a la hiperinflación», afirmó Milei en conferencia de prensa el pasado 4 de junio. En la misma línea, a través de su cuenta oficial de X, el Ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la iniciativa como «populismo puro y duro» y agregó que «crear derechos sin financiamiento es el camino a Venezuela» .
Desde la oposición, la reacción fue inmediata. «No es populismo: es cumplir el artículo 14 bis de la Constitución», replicó el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, durante el debate parlamentario del 04/06. La economista Fernanda Vallejos, en una entrevista en Radio Continental, fue aún más directa: «El gobierno prioriza el superávit a costa de abuelos comiendo arroz todos los días».
Los argumentos técnicos también están en disputa. Según el Ministerio de Economía, el costo anual del proyecto alcanzaría $1.8 billones, lo que representa el 0,9% del PBI. La oposición, por su parte, asegura que sería de $1.4 billones y podría financiarse con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El informe 45/2025 del BCRA estima que el impacto inflacionario sería del 2.4% anual, mientras que el CEPA calcula apenas un 0.7%. Respecto a la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, fuentes oficiales admiten una baja del 8% en 2025, mientras que la Canasta del Adulto Mayor del INDEC indica una caída del 14.3%.
El veto se fundamentaría en la «violación al artículo 6 de la Ley 27.701», que establece que todo gasto superior al 0.5% del PBI debe contar con recortes certificados. La oposición responde que dicha ley no puede restringir derechos constitucionales garantizados por el artículo 14 bis. Desde el oficialismo se alega que «la viabilidad económica es condición para garantizar derechos» y citan jurisprudencia de la Corte Suprema (caso «Badaro»).
El contexto social también alimenta el debate. La jubilación mínima se ubica en $158.000, mientras que la canasta básica para adultos mayores asciende a $210.000, con un incremento interanual del 32.9%. Además, según el PAMI, el 68% de los jubilados destina más de la mitad de su ingreso a medicamentos.