Ambientalistas lanzan una demanda colectiva para frenar la nueva Ley de Glaciares
A pocas horas de la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, organizaciones ambientalistas y jurídicas lanzaron una convocatoria nacional para impulsar lo que definieron como “la demanda colectiva más grande de la historia” en defensa del agua y de las reservas hídricas del país.
La iniciativa fue presentada este jueves por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, que cuestionaron con dureza el tratamiento parlamentario de la norma y denunciaron que la sanción se produjo en un proceso “viciado” y “a espaldas de la sociedad”.
Según expresaron las entidades en un comunicado difundido tras la votación, la nueva etapa de la disputa se trasladará al terreno judicial. “Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, señalaron, al convocar a la ciudadanía a sumarse a una presentación colectiva destinada a frenar la aplicación de la reforma recientemente aprobada.
Las organizaciones sostienen que el nuevo texto legal representa un retroceso en la protección ambiental y advierten que la modificación pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas, además de afectar ecosistemas estratégicos vinculados a glaciares y al ambiente periglacial. En ese sentido, remarcaron que durante la instancia previa al debate legislativo miles de ciudadanos se inscribieron en la audiencia pública para manifestar su rechazo, pero aseguran que esos planteos fueron desoídos.
La convocatoria se canalizará a través de la plataforma digital demandacolectivaglaciares.org especialmente habilitada para reunir adhesiones ciudadanas. Desde las organizaciones explicaron que la firma no genera obligaciones legales individuales, pero busca construir una base social y política que fortalezca la futura acción judicial contra la reforma.
De este modo, la aprobación legislativa abre ahora un nuevo capítulo del conflicto, con la posibilidad de una fuerte judicialización y con el movimiento ambientalista decidido a llevar la discusión sobre la Ley de Glaciares a los tribunales.
