Se define la Ley de Glaciares
El oficialismo se encamina a aprobar la modificación del régimen ambiental con respaldo de aliados y provincias mineras. Diputados de distintos bloques cruzaron posiciones durante una sesión cargada de tensión: mientras el Gobierno habla de previsibilidad e inversiones, la oposición denuncia retroceso ambiental, lobby empresario y anticipa judicialización.
La Cámara de Diputados atraviesa horas decisivas en el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, con un escenario que, según estimaciones parlamentarias, podría derivar en la aprobación del proyecto durante la madrugada o en las primeras horas de este jueves. El oficialismo, acompañado por bloques aliados, sectores dialoguistas y representantes de provincias mineras, confía en alcanzar una mayoría suficiente para convertir en ley una de las iniciativas más sensibles de la agenda legislativa del Gobierno.
La propuesta redefine el alcance del ambiente periglacial y otorga mayor capacidad de decisión a las provincias para determinar qué áreas continuarán protegidas y cuáles podrían habilitarse para proyectos productivos, principalmente mineros. Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz defendió la iniciativa al sostener que “no se altera la protección de los glaciares, sino que se da una delimitación técnica más precisa”, al tiempo que insistió en que la reforma fortalece el federalismo y brinda previsibilidad a inversiones estratégicas.
Desde la oposición, una de las intervenciones más contundentes fue la de Miguel Ángel Pichetto, quien anticipó su rechazo y advirtió que, de aprobarse, el texto enfrentará una rápida judicialización. El legislador sostuvo que la modificación puede vulnerar presupuestos mínimos ambientales y el principio de no regresión ecológica, por lo que anticipó que la discusión continuará en tribunales. Esa posición fue compartida por diputados de Unión por la Patria y sectores de la Coalición Cívica.
También se sumaron críticas desde otros bloques opositores. El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó el proyecto y puso el foco en la influencia del sector minero sobre la redacción del texto, al advertir que detrás de la reforma existen intereses económicos concretos vinculados a grandes proyectos extractivos. En el mismo sentido, legisladores de Unión por la Patria remarcaron que la nueva redacción reduce el alcance preventivo de la ley vigente y puede comprometer reservas estratégicas de agua dulce.
Dentro de ese marco apareció como dato adicional relevante la mención a Glencore, la multinacional minera con fuerte presencia en proyectos cordilleranos. Las referencias periodísticas a presuntos viajes y vínculos con legisladores que respaldan la reforma alimentaron denuncias opositoras sobre posibles gestiones de lobby empresario, aunque el eje central del debate sigue siendo la viabilidad política de la aprobación y sus efectos ambientales.
Fuera del Congreso, organizaciones ambientalistas mantuvieron protestas durante toda la jornada y siguieron de cerca el conteo de votos. Con el respaldo de provincias como San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza, el oficialismo mantiene optimismo y todo indica que la definición llegará en las próximas horas, en una votación que podría convertirse en uno de los triunfos legislativos más importantes del Gobierno en este período.
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