Avanza en el Senado el proyecto para endurecer penas por falsas denuncias y crece el rechazo de Unión por la Patria
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió dictamen favorable al proyecto impulsado por la senadora radical Carolina Losada que propone modificar el Código Penal para endurecer las penas por falsas denuncias, especialmente en casos vinculados a violencia de género, abuso sexual y menores. La iniciativa quedó ahora en condiciones de ser debatida en el recinto, aunque ya genera fuerte controversia política.
Según informó la Cámara alta, el texto prevé elevar las penas de prisión de tres a seis años cuando las denuncias falsas involucren situaciones de violencia de género, delitos sexuales o menores. Durante el debate en comisión, Losada defendió la propuesta al sostener que este tipo de acusaciones “llenan de causas los tribunales” y consumen recursos que deberían destinarse a las verdaderas víctimas.
Sin embargo, desde Unión por la Patria expresaron un fuerte rechazo. La senadora María Florencia López advirtió que el endurecimiento de las penas podría generar un efecto inverso al buscado y desalentar las denuncias de mujeres víctimas de violencia. En declaraciones difundidas por Infobae, sostuvo que la iniciativa recoge un reclamo “popular” que pone en duda la legitimidad de las denuncias, pese a que, según remarcó, los casos falsos son excepcionales frente al volumen de presentaciones reales.
Durante la reunión de comisión también surgieron reparos desde otros sectores. El senador Daniel Bensusán señaló que “denuncia falsa y falta de prueba no son lo mismo”, y alertó que la redacción actual podría provocar temor en víctimas que atraviesan situaciones ocurridas en ámbitos intrafamiliares, donde la acreditación judicial suele ser compleja.
En contrapartida, legisladores de bloques dialoguistas y del oficialismo respaldaron el avance del expediente. Entre ellos, Luis Juez destacó que las falsas denuncias pueden provocar “un perjuicio irreparable” para quienes las padecen.
Con dictamen ya firmado, el proyecto se encamina a una discusión que promete tensión política en el recinto del Senado, donde volverá a abrirse el debate sobre el equilibrio entre la sanción de acusaciones maliciosas y la protección de las víctimas de violencia de género.
