Bullrich y Villarruel chocan por la Ley de Tierras
La postergación del debate en el Senado profundizó la interna libertaria. La vicepresidenta cuestionó la apertura a compradores extranjeros y la jefa del bloque oficialista sugirió que quienes no acompañen al Gobierno deberían “dar un paso al costado”.
La discusión por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada abrió una nueva crisis dentro del oficialismo. El Senado no pudo avanzar con el proyecto impulsado por el Gobierno y la sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, luego de que La Libertad Avanza no reuniera los votos necesarios para aprobarlo.
El fracaso parlamentario quedó rápidamente desplazado por el enfrentamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, quienes intercambiaron duros cuestionamientos por la estrategia legislativa y por el contenido del capítulo referido a la compra de tierras rurales.
Una pelea que escaló
La tensión comenzó cuando Villarruel planteó la posibilidad de suspender la sesión ante la falta de acuerdos. Bullrich rechazó esa alternativa y responsabilizó a la vicepresidenta por las dificultades para avanzar con la agenda del Gobierno.
El intercambio continuó fuera del recinto. Villarruel cuestionó que la iniciativa facilite operaciones con compradores extranjeros y acusó al oficialismo de desatender la defensa del territorio nacional. También vinculó el debate con la situación económica y el cierre de pequeñas y medianas empresas.
Bullrich respondió que la reforma no implica “vender el país”, sino generar condiciones para atraer inversiones y desarrollar las economías regionales. Posteriormente publicó un mensaje en el que sostuvo que quienes llegaron al Gobierno y no estén dispuestos a defender su proyecto político deberían “dar un paso al costado”.
La declaración fue interpretada como una nueva advertencia dirigida a Villarruel, quien mantiene desde hace tiempo una relación distante con el presidente Javier Milei y con el núcleo de poder encabezado por Karina Milei.
Qué cambia el proyecto
La propuesta incluye modificaciones en los regímenes de expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego. Durante el tratamiento en comisiones, el oficialismo retiró el capítulo relacionado con el Registro Nacional de Barrios Populares para discutirlo mediante una iniciativa separada.
El punto más conflictivo es la modificación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece límites nacionales a la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras.
El nuevo esquema elimina varios de esos topes generales y deja en manos de cada provincia la posibilidad de establecer restricciones. Al mismo tiempo, prohíbe la adquisición directa por parte de Estados extranjeros y exige autorizaciones provinciales y nacionales para empresas que tengan participación estatal de otro país.
También contempla controles especiales para operaciones en zonas fronterizas y sanciones contra las sociedades o personas utilizadas como pantalla para eludir las restricciones.
Soberanía contra inversiones
El Gobierno sostiene que la legislación vigente desalienta el ingreso de capitales y reduce el valor productivo de los campos. Bullrich afirma que las provincias deben decidir qué condiciones aplicar según sus propias necesidades económicas.
La oposición, organizaciones sociales y sectores vinculados a la Iglesia advierten, en cambio, que la reforma puede facilitar la concentración de tierras y la pérdida de control sobre recursos estratégicos, especialmente en regiones con reservas de agua, minerales, bosques, puertos o corredores fronterizos.
Con la votación aplazada, el oficialismo tendrá nuevas semanas para negociar modificaciones y buscar aliados. Sin embargo, la discusión ya dejó una consecuencia política concreta: la interna entre Bullrich y Villarruel volvió a ocupar el centro de la escena y expuso las dificultades del Gobierno para mantener unido a su propio espacio.
