Proyecto para combatir el fraude en pensiones por invalidez
La iniciativa apunta a auditar beneficios, reempadronar titulares y redefinir requisitos, en medio de sospechas por irregularidades en más de un millón de prestaciones.
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley destinado a prevenir, detectar y sancionar el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez, con modificaciones sobre los regímenes vigentes y un rediseño del sistema de control y financiamiento. La propuesta se formalizó a través del Mensaje N° 109/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
El eje central del proyecto es reforzar los mecanismos de auditoría y verificación, luego de que el Gobierno detectara “un conjunto significativo de irregularidades” en el otorgamiento de beneficios, como domicilios inexistentes o incumplimiento de requisitos médicos y socioeconómicos. En ese marco, se propone la implementación de controles cruzados con bases de datos de organismos como ANSES, ARCA y el SINTyS, además de auditorías médicas periódicas.
Uno de los puntos más relevantes es el reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios, quienes deberán actualizar su información en un plazo mínimo de 90 días. El incumplimiento podría derivar en la suspensión automática del beneficio, con posibilidad de rehabilitación si se regulariza la situación dentro de los plazos previstos.
El proyecto también redefine las condiciones de acceso y compatibilidad: establece que la pensión por invalidez será equivalente al 70% de la jubilación mínima y será incompatible con el empleo formal o la inscripción en regímenes impositivos. A su vez, se faculta al Ejecutivo a otorgarla únicamente a personas sin recursos suficientes y con incapacidad acreditada para trabajar.
En términos estructurales, la iniciativa introduce cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad y en el sistema de prestaciones básicas, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal y la asignación eficiente de recursos. Según el mensaje oficial, entre 2003 y 2023 las pensiones por invalidez pasaron de 76.000 a cerca de 1,2 millones, un crecimiento que el Gobierno considera “exponencial” y bajo sospecha.
Además, se habilita la posibilidad de firmar convenios con provincias y la Ciudad de Buenos Aires para descentralizar la gestión del sistema, contemplando esquemas de financiamiento compartido.
Con este proyecto, el oficialismo busca ordenar un sistema cuestionado por presuntas irregularidades, aunque el debate legislativo anticipa tensiones por el impacto que podrían tener los nuevos controles sobre beneficiarios actuales y organizaciones vinculadas al sector de discapacidad.
VER: PROYECTO DE LEY CONTRA EL FRAUDE DE PENSIONES POR INVALIDEZ
