Milei relanza su agenda de reformas
El Gobierno cerró el primer semestre con la aprobación de la reforma laboral, el nuevo régimen penal juvenil y los cambios en la protección de glaciares. Tras el receso, buscará eliminar las PASO, ampliar la Inocencia Fiscal y avanzar con nuevas restricciones al gasto público.
El Gobierno de Javier Milei se prepara para iniciar una nueva ofensiva legislativa después del receso invernal, luego de un primer semestre en el que consiguió aprobar algunas de las principales reformas incluidas en su programa político y económico.
Aunque el Poder Ejecutivo quedó lejos de impulsar los 90 paquetes de transformación anunciados al comienzo del año, logró construir mayorías circunstanciales para avanzar con proyectos que llevaban años de discusión. La estrategia combinó acuerdos con bloques aliados, negociaciones con gobernadores y concesiones sobre los textos originales.
La reforma laboral, principal victoria
La aprobación de la Ley de Modernización Laboral 27.802 fue el triunfo más importante para el oficialismo. La iniciativa fue sancionada definitivamente el 27 de febrero y promulgada durante los primeros días de marzo, después de un extenso debate entre ambas cámaras.
La reforma introdujo modificaciones en las indemnizaciones, la contratación, los convenios colectivos y la organización de las jornadas laborales. También creó el Fondo de Asistencia Laboral, habilitó mecanismos para regularizar empleos no registrados y estableció incentivos para nuevas contrataciones privadas.
Entre sus puntos más controvertidos aparecen el banco de horas, la reducción de aportes patronales para determinados empleadores, los cambios en la vigencia de los convenios colectivos y la obligación de garantizar prestaciones mínimas durante las huelgas en actividades consideradas esenciales o trascendentales.
El oficialismo presentó la norma como una herramienta para reducir la informalidad y facilitar la creación de empleo. Los sindicatos y sectores opositores, en cambio, advirtieron que varios artículos flexibilizan las relaciones laborales, abaratan los despidos y debilitan la capacidad de negociación colectiva.
Régimen penal juvenil y glaciares
Otra de las victorias del Gobierno fue la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. El proyecto obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención en la votación definitiva del Senado.
La iniciativa fue defendida como una actualización de un sistema vigente desde hace décadas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, especialistas en infancia y sectores opositores cuestionaron la reducción de la edad y reclamaron políticas de prevención, inclusión y fortalecimiento de los dispositivos socioeducativos.
El Congreso también aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, que redefine las áreas protegidas y amplía la intervención de las provincias en la determinación de los ambientes periglaciares que deben preservarse. La modificación limita especialmente la protección a los cuerpos que posean una función hídrica comprobada o relevante.
El Gobierno y las provincias mineras sostienen que los cambios aportarán previsibilidad a las inversiones. Los sectores ambientalistas advierten que la nueva regulación puede reducir la protección de reservas estratégicas de agua y habilitar actividades extractivas en zonas anteriormente restringidas.
Acuerdo comercial e Inocencia Fiscal
El oficialismo sumó además la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, aprobado por el Senado con 69 votos positivos y tres negativos.
El entendimiento prevé una reducción progresiva de aranceles sobre más del 90% de las exportaciones argentinas y abre un mercado de más de 700 millones de consumidores. Su aplicación integral, sin embargo, dependerá de los procedimientos institucionales y judiciales pendientes dentro del bloque europeo.
En materia tributaria, el Gobierno consiguió aprobar la denominada Ley de Inocencia Fiscal, destinada a facilitar la utilización de ahorros no declarados. La norma elevó a $100 millones el monto a partir del cual puede configurarse la evasión simple y a $1.000 millones el correspondiente a la evasión agravada, además de reducir determinados plazos de prescripción.
El Poder Ejecutivo ya analiza ampliar ese régimen durante el segundo semestre para incorporar a más contribuyentes y estimular el ingreso al sistema financiero de los dólares mantenidos fuera de los bancos.
Los proyectos pendientes
Tras el receso, la prioridad política será una reforma electoral que contemple la eliminación definitiva de las PASO. El oficialismo considera que las primarias obligatorias dejaron de cumplir su objetivo original y representan un gasto innecesario.
La propuesta enfrenta resistencias entre gobernadores y fuerzas provinciales, que utilizan las primarias como mecanismo para ordenar sus internas y definir candidaturas. Por ese motivo, el Gobierno deberá volver a negociar con los bloques dialoguistas para reunir los votos.
También continuará la discusión de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye modificaciones en los procedimientos de desalojo y expropiación, cambios en la Ley de Manejo del Fuego y una flexibilización de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El proyecto fue postergado en varias oportunidades por falta de acuerdos y sufrió numerosas modificaciones. Las diferencias por la regulación de las tierras, los desalojos y los recursos naturales también provocaron tensiones dentro del propio oficialismo.
Banco Central y límite al gasto
El paquete económico se completará con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, destinada a reforzar su independencia y prohibir que la entidad financie de manera directa al Tesoro.
El Presidente también anunció la intención de incorporar un mecanismo similar al denominado shutdown estadounidense. La propuesta buscaría restringir o suspender determinadas funciones estatales cuando el Congreso no apruebe el Presupuesto o autorice gastos superiores a los recursos disponibles.
La segunda mitad del año mostrará si el Gobierno puede mantener la capacidad de negociación que exhibió durante los primeros meses. Aunque logró aprobar reformas de fuerte impacto, ninguna de esas victorias dependió exclusivamente de los votos libertarios. La continuidad de la agenda volverá a quedar condicionada por los acuerdos con gobernadores, aliados y bloques provinciales.
