La Cámara de Diputados de la Nación puso en marcha un programa de retiros voluntarios destinado a reducir la planta de empleados legislativos, en línea con la política de recorte del gasto público impulsada por el Gobierno nacional. El plan contempla un cupo máximo de 300 trabajadores y ofrece, a quienes adhieran, el pago de la indemnización correspondiente a su salario bruto habitual más un adicional del 10%.
La medida forma parte de un esquema de ajuste que también alcanza a otras áreas del Estado y se instrumentó mediante una resolución interna de la Cámara baja. El régimen, vigente por un período limitado de 90 días, está dirigido tanto a empleados de planta permanente como temporaria que cumplan determinados requisitos de antigüedad y edad, con el objetivo de disminuir el tamaño de la estructura administrativa del Congreso.