La CGT alerta por el colapso de las obras sociales y apunta al Gobierno por el desfinanciamiento
La central obrera difundió un informe crítico sobre la situación del sistema de salud sindical y advirtió que varias obras sociales ya no logran cubrir siquiera el Plan Médico Obligatorio. El diagnóstico se suma a la escalada del conflicto entre la CGT y la Casa Rosada por salarios, reforma laboral y fondos del sistema.
La Confederación General del Trabajo encendió una nueva señal de alarma en medio de su disputa con el Gobierno nacional: denunció que el sistema de obras sociales atraviesa una “crisis casi terminal” y que muchas entidades ya no están en condiciones de sostener las prestaciones básicas para millones de afiliados. Según el informe difundido por la Secretaría de Acción Social de la central, la recaudación promedio por beneficiario se ubica 25% por debajo del costo del Plan Médico Obligatorio (PMO).
El dato central del documento es el fuerte desfasaje financiero: mientras el ingreso promedio ronda los $67.525 por afiliado, el costo estimado para garantizar la cobertura mínima asciende a $85.000 per cápita. La CGT sostiene que esta brecha ya afecta a más de 9 millones de trabajadores y sus familias, generando demoras en turnos, caída en la calidad de la atención y atraso en los pagos a prestadores.
Desde Azopardo vinculan la crisis a varios factores. Por un lado, remarcan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que impacta de lleno en la recaudación del sistema; por otro, señalan el incremento sostenido de medicamentos, estudios y prestaciones médicas por encima de la inflación general. A eso suman lo que describen como un “agujero financiero” generado por los aportes de monotributistas y jubilados, que consideran insuficientes frente al costo real de la cobertura.
El trasfondo es claramente político. El informe se conoció en plena escalada de tensión con el Gobierno de Javier Milei, luego del conflicto por la reforma laboral, el reclamo por las paritarias y la convocatoria a una movilización para el 30 de abril en Plaza de Mayo. En la central obrera interpretan que el deterioro de las obras sociales forma parte del impacto más amplio del programa económico sobre salarios, empleo formal y financiamiento sindical.
La advertencia también busca presionar en el plano institucional: la CGT apunta a la necesidad de revisar el esquema de financiamiento del sistema y evitar nuevas intervenciones o cierres de obras sociales, algo que ya ocurrió en algunos sectores. La crisis sanitaria, así, se convirtió en un nuevo frente de confrontación política entre la central sindical y la Casa Rosada, con impacto directo sobre la atención médica de millones de trabajadores.
