Universidades: el Gobierno judicializa el conflicto y empuja un esquema propio con menos fondos
Tras el fallo que lo obliga a cumplir la ley vigente, el oficialismo busca redefinir el financiamiento en el Congreso con aumentos acotados y sin garantía de recomposición por inflación. Rectores y gremios alertan por el ajuste.
Lejos de acatar el fallo que ordena aplicar la ley de financiamiento universitario, el gobierno de Javier Milei optó por escalar la disputa: presentó un recurso ante la Corte Suprema y, en paralelo, intenta reactivar en Diputados un proyecto alternativo que reduce de manera significativa el esfuerzo presupuestario destinado a las universidades.
El eje del conflicto es claro: mientras la norma vigente —aprobada por el Congreso tras revertir el veto presidencial— obliga a recomponer salarios y partidas con un costo que supera los $2,5 billones, la propuesta oficial plantea incrementos mucho más moderados y sin atarlos a la evolución de la inflación.
Dos modelos en pugna
El texto del Ejecutivo propone aumentos en tres etapas del 4,1% a lo largo de 2026 y mantiene la negociación paritaria, pero elimina la obligación de que los salarios acompañen el índice inflacionario. Tampoco contempla la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos dos años.
Del otro lado, la ley vigente fija un esquema más exigente: actualización mensual en línea con el costo de vida y recomposición retroactiva desde diciembre de 2023, además de refuerzos para gastos operativos.
La distancia entre ambos modelos no es menor. Informes sindicales estiman que la diferencia de recursos supera los $2,5 billones, lo que implicaría un fuerte recorte en términos reales si prospera la iniciativa oficial.
Universidades en alerta
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advierten que el sistema ya viene operando con una fuerte caída de ingresos: las transferencias nacionales habrían retrocedido más de 45% en términos reales desde 2023.
En ese contexto, rectores y gremios coinciden en que cualquier modificación que no contemple recomposición plena y actualización automática agravará la situación financiera de las casas de estudio, afectando tanto salarios como el funcionamiento básico.
Estrategia política y judicial
La decisión del Gobierno de acudir a la Corte busca ganar tiempo y evitar el impacto inmediato del fallo que lo obliga a ejecutar la ley. Al mismo tiempo, el intento de reinstalar su proyecto en el Congreso apunta a cambiar las reglas de juego desde lo legislativo.
Este doble movimiento se da en un momento de alta sensibilidad política, con el oficialismo intentando recuperar iniciativa frente a un tema que logró amplio respaldo social y que ya generó movilizaciones masivas en defensa de la universidad pública.
Lo que viene
Con la discusión nuevamente abierta, el conflicto promete escalar. Desde el sistema universitario ya anticipan protestas si no se garantiza el financiamiento establecido por ley.
Así, entre tribunales y el Congreso, la disputa por el presupuesto universitario se consolida como uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno, la comunidad educativa y la oposición, con impacto directo en millones de estudiantes y trabajadores del sector.
