Casal rindió cuentas ante el Congreso
El procurador general interino presentó el informe de gestión del Ministerio Público Fiscal. Destacó la emisión de más de 1.500 dictámenes, advirtió sobre la pérdida presupuestaria y pidió una solución institucional a los efectos del fallo “Levinas”.
El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, presentó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público el balance de gestión correspondiente a 2025 y respondió preguntas de diputados y senadores.
Casal estuvo acompañado por el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y el secretario de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas. La reunión fue encabezada por el diputado Sebastián Galmarini y se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados.
La exposición representó la primera convocatoria de la Procuración General ante la comisión para explicar de manera presencial su rendición anual. El organismo había remitido previamente la documentación al Congreso, conforme a las obligaciones establecidas por las leyes que regulan el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
Más de 1.500 dictámenes
El informe reveló que entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 ingresaron 1.282 expedientes al área encargada de intervenir ante la Corte Suprema.
Del total, 1.003 correspondieron a incidentes de competencia, 221 a quejas por la denegación de recursos extraordinarios, 24 a recursos extraordinarios concedidos, 33 a recursos ordinarios de apelación y uno a un expediente originario.
Durante el mismo período se elaboraron proyectos en 1.499 causas y se emitieron 1.509 dictámenes. La cifra resultó similar a la del ejercicio anterior, cuando se registraron 1.526 intervenciones, y superó los niveles alcanzados en 2020, 2021 y 2023.
Alerta por el presupuesto
Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la situación financiera del organismo. Las autoridades señalaron que el presupuesto del Ministerio Público Fiscal creció muy por debajo de la inflación y perdió aproximadamente el 47% de su poder adquisitivo durante los últimos dos años.
La Procuración pidió que el Congreso contemple mayores recursos en el próximo presupuesto para sostener las investigaciones, reforzar las fiscalías y avanzar con la aplicación del sistema acusatorio.
El organismo cuenta con alrededor de 6.000 integrantes para intervenir en investigaciones vinculadas con narcotráfico, corrupción, lavado de activos, trata de personas y otras formas de criminalidad organizada en todo el país.
Avance del sistema acusatorio
La presentación también abordó la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal, que coloca a los fiscales al frente de las investigaciones y reserva a los jueces el control de legalidad y la protección de las garantías de las partes.
El sistema ya funciona en nueve distritos judiciales federales y se encuentra en proceso de extensión a Posadas, La Plata, Córdoba y los fueros Penal Económico y Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
La reforma obliga a redistribuir personal, fortalecer las fiscalías y modificar la estructura interna del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades sostuvieron que el nuevo modelo permite investigaciones más ágiles, aunque advirtieron que su consolidación dependerá de la disponibilidad de recursos.
Inteligencia artificial y crimen organizado
Entre los avances de gestión se mencionaron la digitalización de expedientes, el desarrollo de un sistema único de administración de causas y la creación de un programa para regular el uso de la inteligencia artificial dentro del organismo.
También se destacó la coordinación entre fiscalías especializadas para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos. La estrategia apunta a incorporar investigaciones financieras en las causas complejas para identificar a los responsables económicos y recuperar los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.
La Procuración informó además que institucionalizó un canal de intercambio de información con la Secretaría de Inteligencia del Estado para garantizar trazabilidad y transparencia en las comunicaciones entre ambos organismos.
El conflicto por el fallo “Levinas”
Casal dedicó parte de su exposición a las consecuencias del fallo “Levinas”, que modificó la vía recursiva de las causas tramitadas por la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
El procurador advirtió que la decisión generó dificultades para la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. Por ese motivo, solicitó al Poder Ejecutivo una solución transitoria que mantenga la participación de los fiscales nacionales hasta que se complete el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad.
La propuesta contempla el dictado de un decreto de necesidad y urgencia, actualmente bajo evaluación del Ministerio de Justicia. Mientras no exista una solución normativa, la Procuración continuará presentando los recursos necesarios para evitar que se afecte el ejercicio de la acción penal.
