Sesión en Diputados
Después de frenar la avanzada opositora contra Manuel Adorni, el oficialismo buscó recuperar la iniciativa en Diputados con el Súper RIGI y el acuerdo para pagar USD 171 millones a fondos buitre.
La Cámara de Diputados volvió a convertirse en el escenario central de la estrategia legislativa del Gobierno. Tras el fracaso de la sesión opositora que buscaba avanzar con la interpelación a Manuel Adorni, La Libertad Avanza intentó retomar el control de la agenda con dos proyectos clave para la Casa Rosada: el Súper RIGI y el acuerdo de pago a fondos buitre.
La jugada parlamentaria llegó después del acuerdo entre Martín Menem, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas para no dar quórum a la sesión impulsada por la oposición. Ese movimiento permitió dilatar el tratamiento político del caso Adorni y trasladar la discusión a comisiones, mientras el oficialismo ganaba tiempo para ordenar a sus aliados.
Con ese respaldo, el Gobierno llevó al recinto el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. La iniciativa apunta a inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores definidos como estratégicos o de futuro, entre ellos inteligencia artificial, data centers, baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados al uranio.
El proyecto ofrece beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios por un plazo de 30 años. Entre los puntos principales aparecen una alícuota reducida de Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, arancel cero para importaciones, eliminación de retenciones a las exportaciones y estabilidad normativa de largo plazo.
Para conseguir apoyo parlamentario, el oficialismo aceptó cambios reclamados por aliados. Entre ellos, compromisos vinculados a proveedores locales, incentivos a investigación y desarrollo, registros públicos de proyectos y mecanismos de evaluación. Con esas modificaciones, La Libertad Avanza logró sumar acompañamiento del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales.
El otro expediente central es el acuerdo para pagar USD 171 millones a dos grupos de holdouts que mantienen reclamos por bonos de la deuda defaulteada en 2001. El entendimiento prevé USD 67 millones para Bainbridge Ltd. y USD 104 millones para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
El proyecto ya tenía media sanción del Senado y debe ser aprobado antes del 30 de junio, plazo fijado en el acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos. Según el Gobierno, la ratificación legislativa permitirá cerrar litigios pendientes y dejar sin efecto medidas de ejecución sobre activos soberanos argentinos.
La oposición cuestiona ambos temas. En el caso del Súper RIGI, advierte que el régimen puede generar privilegios excesivos para grandes inversores y profundizar asimetrías con el resto del entramado productivo. En el caso de los holdouts, rechaza que el país vuelva a pagar a fondos que no ingresaron a los canjes de deuda y denuncia falta de debate suficiente.
La sesión también tuvo un condimento político adicional: la presencia de Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, quien mantuvo su banca para contribuir al quórum antes de dejar su lugar a su reemplazante. El dato expuso que, pese al respaldo de aliados, el oficialismo sigue moviéndose con números ajustados.
Así, el Gobierno intentó transformar una semana defensiva por el caso Adorni en una victoria parlamentaria. La foto buscada fue doble: bloquear la ofensiva opositora y mostrar capacidad para aprobar una agenda económica favorable a grandes inversiones y acuerdos con acreedores externos.
