La Justicia investiga el destino de más de $1 billón previsto para rutas nacionales
El juez federal Ariel Lijo pidió informes al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y Vialidad Nacional. La causa analiza si recursos del SISVIAL que debían destinarse a obras y mantenimiento fueron colocados en instrumentos financieros.
La Justicia federal avanzó en la investigación sobre el destino de los fondos recaudados para la construcción, reparación y mantenimiento de rutas nacionales. El juez Ariel Lijo ordenó al Gobierno nacional entregar documentación sobre el manejo de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Los pedidos de información fueron dirigidos al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo; a la Jefatura de Gabinete y a la Dirección Nacional de Vialidad. También se solicitaron antecedentes a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación sobre eventuales controles realizados desde 2024.
La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y por la provincia de La Rioja, que fueron aceptadas como querellantes y podrán impulsar medidas de prueba dentro del expediente.
Según la presentación realizada ante la Justicia, al 31 de mayo de 2026 habría $1.001.017 millones pertenecientes al SISVIAL colocados en plazos fijos y letras del Tesoro Nacional.
Los denunciantes sostienen que desde diciembre de 2023 hasta mayo de este año se recaudaron aproximadamente $1,5 billones destinados al sistema vial, pero solamente $394.406 millones habrían sido utilizados efectivamente para obras y mantenimiento de rutas. De confirmarse esas cifras, la subejecución alcanzaría el 73,8%.
La denuncia de Tolosa Paz apunta contra Caputo y funcionarios de Vialidad Nacional y del Banco Nación y plantea la posible existencia de delitos vinculados con la malversación de caudales públicos. La acusación sostiene que recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que cuentan con una afectación específica, habrían sido colocados en instrumentos financieros en lugar de aplicarse a infraestructura vial.
La Rioja también sostiene que la falta de ejecución de los fondos obligó a la provincia a utilizar recursos propios para realizar tareas de mantenimiento que correspondían a Nación. Entre los puntos cuestionados aparecen además obras paralizadas y el deterioro de distintas rutas nacionales.
Lijo busca ahora reconstruir los movimientos financieros, las partidas presupuestarias y las decisiones administrativas adoptadas sobre esos recursos para determinar si existieron irregularidades.
La investigación se produce en medio de una creciente judicialización por el estado de las rutas nacionales. En distintos puntos del país ya se dictaron resoluciones que ordenaron al Estado realizar reparaciones y garantizar condiciones adecuadas de circulación.
