El Gobierno busca eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada modifica la Ley de Tierras Rurales y habilita a inversores extranjeros a adquirir campos sin los topes nacionales vigentes. La iniciativa quedó frenada en el Senado por diferencias con aliados y volverá a discutirse el 6 de agosto.
El Gobierno nacional impulsa una reforma que podría transformar profundamente el régimen de propiedad de la tierra en la Argentina. Dentro del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo propone eliminar las principales restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, y quedó bajo la negociación parlamentaria de la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
Su tratamiento estaba previsto para el 16 de julio, pero La Libertad Avanza no logró reunir los votos necesarios y aceptó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto.
Los límites que pretende eliminar el Gobierno
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales del país.
Ese límite también debe respetarse dentro de cada provincia y municipio. Además, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del cupo permitido a extranjeros.
La legislación vigente también impide que un solo titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agropecuaria o una superficie equivalente en otras regiones. A su vez, contiene restricciones especiales para campos ubicados junto a cursos de agua permanentes y en zonas de frontera.
El proyecto del Gobierno elimina esos topes para los inversores privados extranjeros. De aprobarse, una persona o empresa radicada fuera del país podría adquirir grandes extensiones rurales sin quedar alcanzada por los límites nacionales actualmente vigentes.
La prohibición se mantendría para los Estados extranjeros y las empresas controladas directamente por ellos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podría autorizar determinadas operaciones si considera que no representan un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
Las provincias reclaman mayor control
Uno de los principales puntos de conflicto es el papel que tendrán las provincias en la autorización de las operaciones.
Durante el debate en comisiones se incorporó una modificación para que cada jurisdicción pueda regular, autorizar o impedir la venta de tierras rurales a extranjeros dentro de su territorio. En las zonas de frontera, además, las operaciones necesitarían el aval provincial y la aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
La propuesta no terminó de conformar a los bloques aliados. La UCR reclamó que los registros y controles permanezcan bajo la órbita provincial, mientras que el Gobierno busca conservar facultades nacionales sobre las operaciones consideradas estratégicas.
Las diferencias impidieron alcanzar un texto unificado y obligaron al oficialismo a postergar la votación.
Trece millones de hectáreas extranjerizadas
Actualmente, cerca de 13 millones de hectáreas rurales se encuentran en manos de personas o empresas extranjeras. La superficie representa alrededor del 5% del territorio rural argentino y equivale aproximadamente a la extensión de Inglaterra.
Aunque el porcentaje nacional se mantiene por debajo del límite legal del 15%, la distribución territorial es desigual.
Investigaciones del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires señalan que existen 36 departamentos o municipios que ya superan el tope permitido. En cuatro de ellos, más de la mitad de la superficie se encuentra bajo titularidad extranjera.
Entre los casos más relevantes aparecen Lácar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta. Se trata de regiones ubicadas en zonas cordilleranas o precordilleranas, con presencia de agua dulce, minerales, glaciares, ambientes periglaciares y áreas de frontera.
El relevamiento también advierte que la extranjerización se concentra alrededor de nodos logísticos, cursos de agua, acuíferos, bosques nativos, yacimientos mineros y sectores cercanos al río Paraná.
Capitales radicados en paraísos fiscales
Otro de los puntos cuestionados es la dificultad para identificar a los beneficiarios finales de algunas sociedades propietarias de grandes extensiones.
Según los relevamientos disponibles, alrededor de 2,2 millones de hectáreas están controladas por empresas radicadas en paraísos fiscales o países que ofrecen regímenes tributarios especiales.
Entre esas jurisdicciones aparecen Luxemburgo, Liechtenstein, Panamá, Suiza, Singapur, Arabia Saudita, Países Bajos, Bélgica y Uruguay.
Los críticos de la reforma advierten que la eliminación de los límites podría profundizar la concentración de tierras estratégicas y dificultar el control estatal sobre recursos naturales esenciales.
El argumento oficial: atraer inversiones
El Gobierno sostiene que las restricciones actuales desalientan la llegada de capitales internacionales y obstaculizan proyectos agropecuarios, forestales, mineros, industriales y logísticos.
Sturzenegger afirmó que la flexibilización permitiría atraer inversiones por aproximadamente 15.000 millones de dólares. Para el oficialismo, la nacionalidad del propietario no debería ser el criterio central, sino su capacidad para invertir, producir y generar empleo.
Desde la oposición, en cambio, señalan que la tierra no constituye únicamente un activo económico. También representa el control sobre el agua, los minerales, los bosques, los pasos fronterizos y las principales rutas de exportación.
Desalojos y tierras incendiadas
La iniciativa no se limita a la compra de campos por extranjeros. También reforma el régimen de expropiaciones, acelera los procedimientos de desalojo y modifica la Ley de Manejo del Fuego.
En materia de desalojos, propone convertir los procesos en trámites sumarísimos y facilitar la restitución anticipada de inmuebles cuando el propietario pueda acreditar su derecho.
Respecto de las tierras afectadas por incendios, el proyecto elimina para determinadas superficies rurales la prohibición vigente de modificar el uso del suelo o venderlas durante 30 años. Los sectores ambientalistas advierten que ese cambio podría favorecer maniobras especulativas posteriores a los incendios.
La votación del 6 de agosto será decisiva. El oficialismo intentará acordar una nueva redacción con radicales, senadores del PRO y representantes provinciales. El resultado definirá si la Argentina mantiene un régimen nacional de protección de sus tierras rurales o avanza hacia un sistema más abierto, con menores límites para el capital extranjero.
