Discapacidad: funcionarios defendieron auditorías y aumentos a prestadores
Autoridades nacionales expusieron ante la Comisión de Discapacidad y detallaron la actualización de prestaciones, la revisión de padrones y el ordenamiento de expedientes. El debate continuará antes de avanzar hacia un dictamen, mientras la oposición impulsa la prórroga de la emergencia.
Funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad se presentaron ante la Cámara de Diputados para explicar las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de prestaciones, Certificado Único de Discapacidad (CUD), auditorías y pensiones.
La reunión informativa de la Comisión de Discapacidad, presidida por Gerardo Huesen (LLA), contó con la participación del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches; el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyo, Esteban Giller; el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano; y la directora nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, María Florencia Moreira Cinat.
Vilches destacó la actualización aplicada a los prestadores y señaló que los incrementos oscilaron entre el 24% y el 34%, con especial atención sobre hogares y transporte. También informó que durante 2026 se estableció un mecanismo de actualización automática por IPC y con efecto retroactivo para el pago de las prestaciones.
Otro de los ejes fue la revisión de los registros. Según explicó el funcionario, un convenio con el RENAPER permitió identificar 178.254 personas con CUD que habían fallecido. Vilches aclaró que ese dato no significa que esas personas estuvieran cobrando pensiones o utilizando prestaciones, sino que la información no había sido actualizada anteriormente en los registros del organismo.
El secretario también informó que se realizaron más de 14.000 auditorías vinculadas al padrón del CUD y defendió que las verificaciones se realicen individualmente con las personas con discapacidad.
Por su parte, Moreira Cinat aseguró que el organismo realizó una depuración de 650.000 expedientes acumulados y avanzó en el ordenamiento de trámites que habían sido iniciados sin contar con todos los requisitos necesarios para su evaluación. Actualmente, según informó, existen más de 20.000 trámites evaluados en condiciones de avanzar hacia su finalización.
La reunión se desarrolló en medio de la discusión parlamentaria sobre la continuidad de la Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre. La oposición impulsa una iniciativa para extenderla hasta fines de 2027 y mantiene convocada una sesión especial para el 9 de septiembre.
Desde la conducción de la Comisión adelantaron que habrá nuevas reuniones con expositores antes de comenzar formalmente la discusión destinada a alcanzar un dictamen.
