Jorge Macri recortó fondos educativos y los destinó a la Policía
Una auditoría oficial reveló que el Gobierno porteño reasignó $25.386 millones del Plan Sarmiento durante 2025, de los cuales $11.752 millones fueron destinados a comunicaciones de la Policía de la Ciudad. El programa de tecnología educativa sufrió un recorte presupuestario cercano al 30%. El organismo de control también detectó falta de planificación, pagos anticipados y deficiencias en el seguimiento de las computadoras adquiridas para las escuelas públicas.
El gobierno de Jorge Macri quedó bajo cuestionamiento después de que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) revelara importantes modificaciones presupuestarias y deficiencias administrativas en el Plan Sarmiento, el programa destinado a incorporar tecnología digital en las escuelas públicas porteñas.
Según una investigación publicada por Tiempo Argentino, durante noviembre de 2025 la administración porteña reasignó $25.386 millones originalmente destinados al programa educativo. De ese total, $11.752 millones fueron transferidos al área de comunicaciones de la Policía de la Ciudad, una cifra equivalente al 46,29% de los recursos redistribuidos.
La presidenta de la Auditoría porteña, Mariana Gagliardi, advirtió que, después de analizar el destino de las restantes transferencias, se comprobó que menos del 1% del dinero reasignado permaneció dentro del área educativa.
El informe oficial, aprobado por unanimidad el 30 de septiembre de 2026, también identificó una reducción presupuestaria cercana al 30% y numerosas irregularidades administrativas en la ejecución del programa durante 2025.
Menos recursos para computadoras escolares
El Plan Sarmiento fue creado para promover la inclusión digital y facilitar el acceso de los estudiantes a herramientas tecnológicas.
Originalmente, su implementación contemplaba la entrega de computadoras personales para que los alumnos pudieran utilizarlas tanto en las escuelas como en sus hogares, favoreciendo la continuidad de las actividades educativas.
Sin embargo, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se modificó el sistema de distribución y, desde 2018, los dispositivos comenzaron a permanecer principalmente en los establecimientos educativos.
La política continuó durante el gobierno de Jorge Macri, que ahora enfrenta cuestionamientos por la reducción de recursos destinados a la adquisición y distribución de equipamiento.
La auditoría examinó la actuación de la Subsecretaría de Tecnología Educativa y detectó problemas que dificultan determinar si las compras realizadas respondieron a las necesidades concretas del sistema escolar.
$11.752 millones terminaron en la Policía porteña
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue el destino de los fondos reasignados durante noviembre de 2025.
De los $25.386 millones transferidos desde el Plan Sarmiento a otras áreas, $11.752 millones fueron destinados específicamente a comunicaciones de la Policía de la Ciudad.
La cifra equivale al 46,29% de las partidas redistribuidas, y no al 46% del presupuesto total del programa.
La distinción resulta importante para dimensionar correctamente la magnitud de la modificación presupuestaria.
El Gobierno porteño considera la seguridad una de sus principales prioridades. Para 2026, la administración de Jorge Macri asignó al área aproximadamente $2,6 billones, equivalentes al 15,4% del presupuesto de la Ciudad.
Sin embargo, el traslado de fondos desde un programa educativo hacia la estructura policial abrió interrogantes sobre las prioridades de asignación de recursos y sus consecuencias para la incorporación de tecnología en las escuelas.
La Auditoría denunció falta de planificación
Más allá de las transferencias presupuestarias, el organismo de control identificó deficiencias en la organización del Plan Sarmiento.
El informe señaló que el programa no cuenta con metas físicas definidas que permitan determinar cuántos dispositivos deben adquirirse, distribuirse y ponerse efectivamente a disposición de los estudiantes.
La ausencia de esos objetivos impide evaluar adecuadamente el cumplimiento de las previsiones anuales.
Los auditores también constataron que durante 2025 no se realizaron mediciones de desempeño suficientes para verificar la eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas.
En consecuencia, el organismo concluyó que existen importantes dificultades para establecer si los recursos públicos utilizados produjeron los resultados educativos esperados.
Diferencias millonarias en los pagos a Naciones Unidas
La investigación también examinó las contrataciones de equipamiento tecnológico realizadas mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
El Gobierno porteño utiliza este mecanismo de cooperación internacional para adquirir dispositivos y servicios vinculados con la educación digital.
Según el informe, al finalizar 2025 la Ciudad había realizado desembolsos acumulados por 197.295.015 dólares.
Sin embargo, UNOPS registró ingresos por 195.813.292 dólares.
La diferencia ascendió a 1.481.723 dólares, equivalente al 0,75% del total informado.
La Auditoría señaló que no encontró controles suficientes por parte de las autoridades porteñas para verificar las causas de esa discrepancia y el cumplimiento de los procedimientos correspondientes.
El organismo también cuestionó que los pagos se efectuaran anticipadamente, antes de la recepción y verificación de los bienes adquiridos.
La existencia de diferencias contables no demuestra por sí misma un desvío de fondos, pero requiere explicaciones y mecanismos de conciliación que permitan establecer el destino de los recursos.
Computadoras y licencias sin seguimiento suficiente
Otro de los hallazgos relevantes estuvo relacionado con las dificultades para reconstruir el recorrido del equipamiento tecnológico.
Los auditores detectaron falta de documentación respaldatoria en adquisiciones de licencias de software y contrataciones de bienes y servicios.
En particular, señalaron que no se acreditó suficientemente la recepción de licencias informadas por UNOPS por 996.278 dólares.
También identificaron problemas de documentación y verificación relacionados con seis contrataciones por otros 953.852 dólares.
El informe observó, además, que se habían activado 187.962 licencias de Windows 11 Education que no figuraban identificadas en el reporte correspondiente de UNOPS.
La ausencia de determinados registros y controles impide verificar completamente la trazabilidad de los productos, desde su compra hasta su incorporación al sistema educativo.
Los auditores también observaron incumplimientos en la frecuencia de los inventarios y en los registros de almacenamiento, configuración y distribución de equipos.
Estas falencias dificultan establecer con precisión qué dispositivos fueron adquiridos, dónde se encuentran y cuáles llegaron efectivamente a las escuelas.
Gastos imputados incorrectamente
La Auditoría también identificó una imputación presupuestaria incorrecta por $194,9 millones destinados a la empresa Grupo Atlas S.A.
El pago correspondía al almacenamiento de materiales que, según la revisión de la documentación, no estaban directamente relacionados con el Plan Sarmiento.
De 249 remitos examinados, solamente dos correspondían a entregas o recepciones de computadoras.
Los demás registraban movimientos de materiales didácticos, elementos de limpieza, mobiliario escolar, artículos de laboratorio y otros insumos.
El organismo consideró que estos procedimientos dificultan la transparencia presupuestaria y el control sobre la utilización de los fondos públicos.
También detectó incumplimientos en la publicación de modificaciones presupuestarias: un acto administrativo no fue publicado en el Boletín Oficial y otros siete fueron difundidos fuera del plazo legal.
Exigen explicaciones a Jorge Macri
La presidenta de la Auditoría, Mariana Gagliardi, cuestionó la combinación de recortes presupuestarios y deficiencias administrativas.
Según explicó, el organismo pudo verificar entregas de computadoras y tabletas a establecimientos educativos, pero encontró documentación insuficiente para seguir el recorrido de otros equipos adquiridos.
La funcionaria reclamó que la administración porteña explique las razones por las que redujo los recursos destinados a tecnología educativa mientras persisten problemas de planificación y control.
El informe no establece por sí mismo responsabilidades penales ni acredita la desaparición de equipamiento, pero documenta deficiencias que requieren respuestas administrativas y medidas correctivas.
Educación y seguridad, una discusión presupuestaria
Los resultados de la auditoría reabren el debate sobre las prioridades del gasto público en la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno de Jorge Macri sostiene que el fortalecimiento de la seguridad constituye uno de los principales objetivos de su administración y ha destinado importantes recursos al equipamiento policial y la infraestructura de vigilancia.
Sin embargo, la reasignación de fondos originalmente previstos para tecnología educativa plantea interrogantes sobre las consecuencias para las escuelas públicas y el acceso de los estudiantes a herramientas digitales.
La Auditoría concluyó que el Plan Sarmiento presenta deficiencias de planificación, ejecución y seguimiento que afectan la transparencia y el control de las contrataciones.
El organismo recomendó fortalecer los mecanismos de supervisión y mejorar los procedimientos de compra, almacenamiento y distribución del equipamiento.
La investigación deja planteada una cuestión central para la gestión porteña: mientras millones de pesos destinados a la educación digital fueron transferidos a otras áreas, el Estado no logró acreditar controles suficientes sobre una parte de las compras realizadas para las escuelas.
