Diputados aprobó la ley de propiedad privada y restituyó los límites a la extranjerización de tierras
La Cámara baja dio media sanción con modificaciones al proyecto impulsado por el Gobierno, por 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. La iniciativa modifica los procedimientos de desalojos y expropiaciones, incorpora cambios en los registros inmobiliarios y restablece la Ley de Tierras. Ahora deberá regresar al Senado.
BUENOS AIRES.– La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 21 de octubre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el gobierno de Javier Milei que introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones, los procedimientos judiciales de desalojo y el sistema de registración inmobiliaria.
La votación terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones. Como el texto incorporó modificaciones respecto de la versión aprobada anteriormente por el Senado, deberá regresar a la Cámara alta antes de convertirse en ley.
Restitución de la Ley de Tierras
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de un capítulo destinado a restablecer la vigencia de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, sancionada en 2011.
La normativa establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellas un límite del 15% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal.
El proyecto aprobado contempla dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno había dispuesto la derogación de esa legislación.
La modificación representa un cambio respecto de la propuesta original del Poder Ejecutivo, que buscaba eliminar las restricciones a la adquisición de tierras por capitales extranjeros.
Cambios en desalojos y expropiaciones
La iniciativa establece procedimientos judiciales más rápidos para los desalojos de inmuebles urbanos y rurales, mediante la aplicación del juicio sumarísimo.
También contempla la intervención de organismos competentes cuando entre los ocupantes existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, con el objetivo de procurar alternativas habitacionales.
En materia de expropiaciones, el proyecto incorpora criterios más estrictos para declarar la utilidad pública de los bienes y modifica las condiciones de las indemnizaciones.
Entre las disposiciones previstas se encuentra el reconocimiento del lucro cesante, bajo determinados límites, y mecanismos de actualización de los montos indemnizatorios.
Además, propone modernizar los registros de propiedad inmueble mediante herramientas digitales, firma electrónica y sistemas que garanticen la trazabilidad de la información.
Un debate con posiciones enfrentadas
Durante la sesión, el diputado Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto y sostuvo que la protección de la propiedad privada debe constituir una política de Estado.
Desde Unión por la Patria, Diego Giuliano planteó que el derecho de propiedad debe contemplar su función social.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, destacó la importancia de preservar la soberanía nacional, la integridad territorial y los recursos naturales.
La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó las modificaciones al considerar que encarecen las expropiaciones y aceleran los desalojos.
Desde Provincias Unidas, Gisela Scaglia destacó el acuerdo alcanzado para restituir la Ley de Tierras, mientras que Martín Yeza, del PRO, defendió los cambios en los procedimientos de desalojo.
El Senado tendrá la última palabra
La aprobación en Diputados constituye un nuevo avance legislativo para el proyecto oficial, aunque las modificaciones introducidas obligan a una nueva intervención del Senado.
La discusión continuará centrada en el alcance del derecho de propiedad, las facultades estatales para expropiar, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional y las restricciones a la extranjerización del territorio argentino.
Hasta que ambas cámaras aprueben un mismo texto y se complete el procedimiento legislativo, las modificaciones propuestas no entrarán en vigencia.
