Revés judicial para el juez que frenó la reforma laboral: la apelación pasa a otro fuero
Macarena Marra GiménezUna jueza federal desplazó al magistrado laboral que había suspendido artículos clave de la reforma impulsada por el Gobierno. La disputa por la constitucionalidad de la norma ahora será resuelta en el fuero Contencioso Administrativo Federal, en un fallo que la Casa Rosada celebra como un respaldo a su estrategia judicial.
La pulseada judicial por la reforma laboral sumó un giro político de alto impacto. La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió apartar al juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien días atrás había dejado en suspenso una parte sustancial de la Ley de Modernización Laboral a pedido de la CGT, y definió que la causa pase al fuero Contencioso Administrativo Federal. La decisión representa un fuerte respaldo para el Gobierno nacional, que venía cuestionando la competencia del fuero laboral para intervenir en una norma de alcance federal.
El fallo modifica el escenario judicial abierto tras la cautelar que suspendió 82 artículos de la ley 27.802, entre ellos puntos sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral, las limitaciones al derecho de huelga, cambios en indemnizaciones, banco de horas, vacaciones fragmentadas y la derogación de la Ley de Teletrabajo. Con la nueva resolución, el expediente deja de tramitar en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 y deberá continuar bajo la órbita federal, donde el oficialismo confía en revertir la cautelar.
Desde el plano político, en Balcarce 50 leen la resolución como una señal favorable de la Justicia en medio de la avanzada sindical contra una de las reformas estructurales más relevantes de la gestión de Javier Milei. El argumento central de la magistrada fue que no se trata de reclamos laborales individuales, sino de una controversia sobre la legalidad de una política pública nacional, lo que corresponde al fuero contencioso administrativo.
La CGT, por su parte, sostiene que la norma vulnera derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución, además de principios de libertad sindical, progresividad y tutela judicial efectiva. El cambio de competencia no resuelve aún el fondo del conflicto, pero sí altera la estrategia procesal y abre una nueva etapa en la disputa entre el sindicalismo y el Ejecutivo.
En términos políticos, el fallo es interpretado como un guiño a la Casa Rosada en una semana atravesada por la judicialización de varias iniciativas oficiales. La definición sobre la validez o no de la reforma laboral será ahora uno de los expedientes más observados por el Gobierno, la oposición y el movimiento sindical, por el impacto directo que tendrá sobre el mercado de trabajo y la conflictividad gremial en los próximos meses.
