Promulgan la reforma de la Ley de Glaciares y crece la polémica por el alcance ambiental
El Gobierno oficializó los cambios a la norma que regula la protección de glaciares. La iniciativa redefine áreas protegidas y otorga mayor protagonismo a las provincias.
el Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares y avanzó con una modificación clave en el esquema de protección ambiental vigente desde 2010. La medida, publicada oficialmente, introduce cambios en la definición de zonas protegidas y habilita un nuevo marco para actividades productivas en áreas sensibles.
La nueva normativa establece que la protección quedará centrada en glaciares y zonas periglaciares con función hídrica comprobable, lo que implica un recorte respecto del criterio amplio que regía hasta ahora. En ese sentido, el enfoque deja de ser general para pasar a una evaluación más específica caso por caso.
Otro de los puntos centrales es el mayor rol asignado a las provincias, que pasarán a tener incidencia directa en la determinación de qué áreas quedan bajo resguardo y cuáles podrían habilitarse para el desarrollo de actividades económicas.
En la práctica, la reforma abre la puerta a que proyectos —entre ellos vinculados a la minería— puedan avanzar en zonas previamente restringidas, siempre que se determine que no afectan de manera directa la función hídrica de los glaciares.
La decisión oficial generó cuestionamientos desde sectores ambientalistas, que advierten sobre un posible debilitamiento de los estándares de protección y alertan por el impacto en reservas estratégicas de agua dulce. También anticipan que la norma podría derivar en planteos judiciales por su constitucionalidad.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que los cambios apuntan a ordenar el régimen vigente y compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, especialmente en regiones cordilleranas.
La promulgación marca así un nuevo escenario en torno a la política ambiental: mientras el Ejecutivo busca impulsar inversiones, el debate por el equilibrio entre producción y preservación vuelve a instalarse con fuerza y promete escalar tanto en el plano político como en el judicial.
