El Gobierno busca frenar la sesión contra el DNU 70
La oposición reconoce dificultades para reunir el quórum necesario en Diputados y rechazar el megadecreto de Javier Milei. Una maniobra legislativa del oficialismo sobre la Ley de Tierras y una nueva convocatoria para el 21 de octubre modificaron el escenario parlamentario.
La oposición intentará este jueves 15 de octubre abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica impulsadas por el presidente Javier Milei. Sin embargo, las negociaciones de las últimas horas dejaron a los bloques convocantes lejos de los 129 legisladores necesarios para alcanzar el quórum.
Según los cálculos opositores, entre 120 y 123 diputados estarían dispuestos a ocupar sus bancas. Pese a las dificultades, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas mantienen la convocatoria prevista para las 14.
La jugada oficialista para evitar el rechazo
El Gobierno logró modificar el escenario político mediante una iniciativa que propone restablecer la Ley de Tierras, cuya derogación había dispuesto el propio Milei a través del artículo 154 del DNU 70/2023.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, impulsó un dictamen que incorpora esa restitución al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovido por el ministro Federico Sturzenegger.
La propuesta recibió el acompañamiento de representantes del PRO, la UCR y sectores provinciales. Con esta modificación, el oficialismo busca reducir los argumentos que habían permitido reunir a distintas fuerzas políticas detrás del rechazo integral del decreto.
La iniciativa también representa un cambio respecto de la posición original del Gobierno, que había promovido la eliminación de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Corte Suprema cambió el escenario
Otro factor determinante fue la reciente resolución de la Corte Suprema, que suspendió cautelarmente los efectos del artículo 154 del DNU y permitió restablecer provisoriamente las restricciones contempladas en la Ley 26.737.
La legislación establece límites a la propiedad rural extranjera, entre ellos un máximo general del 15% de las tierras rurales y restricciones específicas para determinados territorios.
Sin embargo, la decisión judicial no resuelve definitivamente la controversia. La oposición sostiene que la vigencia de una normativa de esta importancia no debería depender de una medida cautelar y reclama una definición legislativa.
Discapacidad y endeudamiento familiar
La sesión convocada para este jueves también contempla iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de los hogares argentinos.
El oficialismo convocó a una nueva sesión para el miércoles 21 de octubre, en la que propone abordar esos temas junto con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La decisión contribuyó a modificar las negociaciones con legisladores provinciales y bloques dialoguistas, algunos de los cuales prefieren discutir esas iniciativas por separado, sin acompañar necesariamente el rechazo completo del DNU.
La oposición insiste pese a los números
Entre los legisladores que sostienen la convocatoria se encuentran representantes de Unión por la Patria, la izquierda, sectores de Provincias Unidas y otras bancadas provinciales.
La definición de diputados vinculados con los gobernadores de Tucumán, Salta, Santa Fe y Chubut aparece como uno de los factores centrales para determinar si podrá abrirse el recinto.
Un diputado de Unión por la Patria sintetizó la posición de quienes insisten en avanzar: “Si tenemos que morir con las botas puestas, lo vamos a hacer”.
El rechazo del DNU 70/2023 tendría consecuencias que exceden ampliamente la discusión sobre la propiedad de la tierra. El decreto introdujo modificaciones en materia de alquileres, abastecimiento, comercio, transporte aéreo, telecomunicaciones y medicina prepaga, entre otras áreas.
Mientras el oficialismo defiende esas reformas como parte de su programa de desregulación económica, los sectores opositores cuestionan tanto sus efectos como la utilización de un decreto para introducir cambios legislativos de semejante alcance.
La jornada parlamentaria pondrá a prueba la capacidad de la oposición para reunir una mayoría que permita discutir el decreto. Por ahora, la falta de acuerdos amenaza con impedir incluso el inicio de la sesión.
