Diputados avanza con la ley de propiedad privada
La Cámara de Diputados avanzó este miércoles 14 de octubre con el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que ya cuenta con media sanción del Senado y propone modificar aspectos centrales de la legislación sobre expropiaciones, regularización dominial y procedimientos de desalojo.
Durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, el oficialismo consiguió reunir 34 firmas para el dictamen de mayoría, sobre un total de 66 legisladores presentes. También se presentaron dos dictámenes de minoría.
El acuerdo alcanzado por La Libertad Avanza con el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y otros aliados permitió incorporar al proyecto un capítulo destinado a restablecer la Ley de Tierras Rurales, cuya derogación había dispuesto el propio Gobierno mediante el DNU 70/2023.
La modificación se produjo en la víspera de la sesión especial convocada por la oposición para intentar rechazar la totalidad del decreto presidencial.
El Gobierno retrocede con la derogación de la Ley de Tierras
Una de las principales novedades del dictamen fue la incorporación de dos artículos que buscan restituir las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El diputado radical Diógenes González explicó que el nuevo artículo 38 propone dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mientras que el artículo 39 establece la restitución de la plena vigencia de la Ley 26.737.
La norma, sancionada en 2011, fija un límite general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y establece restricciones adicionales para determinadas superficies y regiones.
González defendió la modificación y sostuvo que la recuperación de esa legislación permite preservar la seguridad jurídica y establecer una política de Estado sobre la propiedad de los recursos territoriales.
El cambio constituye una revisión de una de las medidas de desregulación impulsadas por Milei al comienzo de su gestión.
Sin embargo, la restitución legislativa todavía no está aprobada. Para convertirse en ley, el nuevo texto deberá superar el tratamiento parlamentario correspondiente, incluida la revisión del Senado por las modificaciones introducidas en Diputados.
La oposición denuncia una maniobra para salvar el DNU 70
La incorporación de la Ley de Tierras provocó cuestionamientos entre los bloques que impulsan el rechazo del decreto presidencial.
El diputado Diego Giuliano, de Unión por la Patria, recordó que el oficialismo terminó incorporando una legislación aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Para Giuliano, la modificación demuestra que el Gobierno debió retroceder respecto de uno de los puntos centrales de su programa de desregulación.
Por su parte, la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, interpretó la decisión como una estrategia parlamentaria para debilitar la convocatoria opositora prevista para este jueves 15 de octubre.
La legisladora sostuvo que la incorporación del nuevo capítulo busca evitar que la oposición reúna el quórum necesario para tratar el rechazo integral del DNU 70/2023.
La controversia adquiere relevancia porque el decreto contiene numerosas modificaciones legislativas que exceden ampliamente la cuestión de las tierras rurales.
La oposición pretende discutir su rechazo completo, mientras que el oficialismo busca resolver por separado uno de los puntos que mayores cuestionamientos había generado.
Polémica por los desalojos y el derecho a la vivienda
Otro de los aspectos controvertidos del proyecto está relacionado con los procedimientos judiciales destinados a recuperar inmuebles.
La iniciativa propone modificaciones para agilizar determinados procesos de desalojo y reforzar las herramientas legales de los propietarios frente a situaciones de ocupación.
La diputada Paula Penacca, de Unión por la Patria, cuestionó estas disposiciones y sostuvo que la vivienda debe ser reconocida como un derecho que merece protección.
Desde el mismo bloque, Lucía Cámpora advirtió que el proyecto podría favorecer la concentración de la propiedad y perjudicar a sectores sociales que enfrentan dificultades habitacionales.
Bregman también expresó su preocupación por las consecuencias que los nuevos procedimientos podrían tener sobre comunidades originarias y familias que mantienen conflictos judiciales por la tenencia de sus tierras.
Según la legisladora, la propuesta privilegia la protección de los grandes inversores sin contemplar suficientemente las situaciones de vulnerabilidad social.
La Libertad Avanza defiende desalojos más rápidos
Desde el oficialismo rechazaron las críticas y defendieron la necesidad de modificar los procedimientos judiciales vinculados con la propiedad.
El diputado Marcos Patiño Brizuela sostuvo que la iniciativa busca establecer reglas más claras y mecanismos procesales que permitan resolver conflictos sin demoras excesivas.
El legislador afirmó que actualmente existen propietarios que deben atravesar largos procesos judiciales para recuperar inmuebles ocupados y consideró necesario agilizar esos procedimientos.
También defendió las modificaciones al régimen de expropiaciones y sostuvo que algunos de los criterios previstos en el proyecto ya fueron establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El oficialismo argumenta que el fortalecimiento de las garantías sobre la propiedad privada permitirá generar mayor previsibilidad para las inversiones y reducir la litigiosidad.
La discusión, sin embargo, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los derechos de los propietarios, las garantías procesales de los ocupantes y las obligaciones del Estado en materia habitacional.
Expropiaciones y regularización dominial
El proyecto también contempla modificaciones a la Ley 21.499 de Expropiaciones y a la Ley 24.374 de Regularización Dominial.
En materia de expropiaciones, la iniciativa busca revisar los procedimientos mediante los cuales el Estado puede disponer de bienes privados por razones de utilidad pública, así como los mecanismos de indemnización correspondientes.
Las modificaciones propuestas forman parte de la política del Gobierno destinada a reforzar las garantías patrimoniales y limitar determinadas intervenciones estatales.
Respecto de la regularización dominial, el debate involucra procedimientos que permiten avanzar en la obtención de títulos de propiedad para ocupantes que cumplen las condiciones establecidas por la legislación.
Las diferencias entre oficialismo y oposición se concentran en los efectos que las modificaciones podrían tener sobre la seguridad jurídica, el acceso a la vivienda y la resolución de conflictos sobre inmuebles.
Tres dictámenes y una discusión abierta
Además del despacho de mayoría, los legisladores de la oposición presentaron alternativas al texto impulsado por La Libertad Avanza.
Unión por la Patria anticipó su propio dictamen y cuestionó tanto las disposiciones sobre desalojos como las modificaciones al régimen de propiedad.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también adelantó la presentación de una propuesta alternativa.
Ferraro sostuvo que la controversia sobre la Ley de Tierras todavía no se encuentra definitivamente resuelta y ratificó la intención de su espacio de defender los límites a la extranjerización de tierras rurales.
El debate se produce pocos días después de que la Corte Suprema dispusiera una medida cautelar que suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno había eliminado aquellas restricciones.
La decisión judicial contribuyó a modificar el escenario parlamentario y reforzó la discusión sobre la necesidad de una definición legislativa.
El proyecto podría llegar al recinto el 21 de octubre
Con el dictamen de mayoría firmado, el oficialismo pretende llevar la iniciativa al recinto de Diputados el miércoles 21 de octubre.
La negociación parlamentaria permitirá determinar si el Gobierno consigue mantener el respaldo de sus aliados y avanzar con las modificaciones al régimen de propiedad privada.
Aunque la restitución de la Ley de Tierras permitió acercar posiciones entre distintos bloques, persisten diferencias sobre los procedimientos de desalojo, las expropiaciones y la protección de los sectores vulnerables.
La discusión también se encuentra atravesada por el conflicto político en torno al DNU 70/2023, cuya continuidad constituye uno de los principales objetivos legislativos del oficialismo.
De esta manera, el Congreso deberá resolver no solamente una reforma del régimen de propiedad, sino también el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para introducir modificaciones legislativas mediante decretos de necesidad y urgencia.
