El contrabando amenaza al empleo registrado
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) alertó sobre las consecuencias del contrabando y la comercialización ilegal de productos en la Argentina, al considerar que estas prácticas afectan directamente al empleo registrado, desalientan las contrataciones y generan condiciones de competencia desigual para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales.
En declaraciones a Mundo Gremial, la entidad empresaria advirtió que la expansión del comercio informal no solamente perjudica las ventas de los establecimientos habilitados, sino que también contribuye a reemplazar puestos de trabajo registrados por formas de contratación precarias, sin aportes jubilatorios ni cobertura médica.
La preocupación fue planteada ante las autoridades aduaneras durante una reunión realizada el 29 de septiembre, en la que participaron representantes de la CAC y el director general de Aduanas, José Andrés Veliz.
El encuentro estuvo centrado en analizar las modalidades del contrabando, su impacto sobre la actividad comercial y la necesidad de coordinar acciones entre distintos organismos del Estado.
La venta ilegal desplaza trabajadores formales
La Cámara de Comercio señaló que la competencia de los circuitos ilegales afecta tanto a pequeñas empresas como a grandes establecimientos comerciales.
Según la entidad, los comerciantes que cumplen con sus obligaciones deben afrontar impuestos, alquileres, servicios y cargas sociales, mientras que quienes operan por fuera de la legalidad evitan buena parte de esos costos.
Esta diferencia genera condiciones de competencia que, de acuerdo con la CAC, pueden provocar una reducción de personal y desalentar nuevas incorporaciones.
La organización también advirtió que determinadas redes de comercialización clandestina pueden estar relacionadas con situaciones de explotación laboral, falsificación de marcas y otras actividades ilícitas.
El resultado, según su diagnóstico, es un deterioro de las condiciones de trabajo y una reducción de los recursos destinados a la seguridad social.
Denuncian el ingreso de jeans a 50 centavos de dólar
Uno de los ejemplos expuestos ante las autoridades aduaneras fue la declaración de valores de importación considerablemente inferiores a los precios habituales de determinados productos.
La Cámara mencionó casos de pantalones de jean que ingresaban al país con valores declarados de apenas 50 centavos de dólar por unidad.
Para la entidad, este tipo de operaciones merece una fiscalización más profunda, debido a la posibilidad de que se utilicen declaraciones de valores inferiores a los reales para reducir las obligaciones aduaneras.
La subvaluación de mercaderías puede afectar la recaudación tributaria y colocar en desventaja a los comerciantes e importadores que cumplen con los procedimientos establecidos.
Sin embargo, la existencia de valores declarados excepcionalmente bajos requiere una evaluación de las operaciones concretas para determinar si efectivamente se produjeron irregularidades.
Reclaman mayores controles en las fronteras
La CAC pidió reforzar especialmente la fiscalización en las fronteras con Bolivia y Paraguay, donde considera que existen dificultades para controlar el ingreso de mercaderías por pasos no habilitados.
La entidad reconoció que la extensión territorial y las características geográficas de esas regiones dificultan la tarea de los organismos de seguridad y control.
Por ese motivo, propuso profundizar la coordinación entre Aduanas, las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales.
El objetivo es actuar no solamente sobre quienes transportan productos de contrabando, sino también sobre las organizaciones responsables de financiar, distribuir y comercializar esas mercaderías.
Redes sociales y depósitos clandestinos
Otro de los aspectos señalados por los comerciantes es la utilización de plataformas digitales para publicitar y comercializar productos de procedencia irregular.
Según la CAC, parte de esa mercadería se ofrece mediante redes sociales y posteriormente se distribuye desde depósitos o galpones utilizados como centros de almacenamiento y entrega.
La organización considera que estos circuitos requieren investigaciones específicas para identificar a sus responsables.
Entre las medidas propuestas figura la creación de fiscalías especializadas en delitos relacionados con el comercio ilegal, el contrabando y la falsificación de productos.
La intención es mejorar la capacidad del Estado para investigar organizaciones que operan simultáneamente en diferentes jurisdicciones y utilizan canales físicos y digitales para distribuir mercadería.
Las compras a China y su impacto comercial
La Cámara también se refirió al crecimiento de las compras internacionales realizadas mediante plataformas de comercio electrónico, especialmente aquellas que comercializan productos provenientes de China.
La entidad reconoció que estas operaciones pueden afectar las ventas de los establecimientos tradicionales, aunque estableció una diferencia entre las importaciones legales y el comercio clandestino.
Desde su perspectiva, el principal problema no es exclusivamente la competencia de productos extranjeros, sino la existencia de circuitos que evaden impuestos, comercializan falsificaciones o introducen mercadería sin cumplir las normas aduaneras.
Esta distinción resulta relevante porque las compras internacionales realizadas dentro del marco legal no constituyen contrabando, aunque puedan generar competencia para el comercio local.
Menos impuestos y mayor fiscalización
Además de solicitar controles más estrictos, la Cámara Argentina de Comercio reclamó una reducción de la presión tributaria sobre las actividades económicas registradas.
La entidad considera que la carga impositiva constituye uno de los factores que amplían la diferencia de costos entre los comercios formales y quienes desarrollan actividades ilegales.
Entre los tributos mencionados se encuentran el IVA, el Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos y distintas tasas municipales.
La organización propuso revisar especialmente los impuestos provinciales y municipales, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.
Para la CAC, una estrategia efectiva debería combinar controles contra el contrabando con medidas que faciliten el desarrollo de las actividades comerciales dentro de la legalidad.
Una iniciativa regional contra el comercio ilegal
La entidad también destacó su participación en el Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, una organización integrada por representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay.
El espacio promueve el intercambio de información y la coordinación de iniciativas destinadas a combatir el contrabando, la piratería comercial y otras modalidades de competencia ilegal.
En Buenos Aires se desarrolló un encuentro de representantes empresariales y funcionarios durante el cual se analizaron los principales problemas que enfrenta la actividad comercial en la región.
La cooperación internacional aparece como una herramienta necesaria debido a que muchas de las operaciones investigadas involucran cadenas de transporte, distribución y financiamiento que atraviesan diferentes países.
El desafío de proteger el empleo formal
La advertencia de la Cámara Argentina de Comercio vuelve a colocar en discusión la relación entre informalidad económica, competencia comercial y condiciones laborales.
Para la entidad, combatir la venta ilegal constituye una medida necesaria para proteger a las empresas registradas y evitar que la competencia basada en el incumplimiento de las normas derive en una mayor precarización del empleo.
El problema también involucra la capacidad del Estado para recaudar impuestos, garantizar la trazabilidad de las mercaderías y prevenir actividades vinculadas con la explotación laboral.
La CAC sostiene que la falta de controles y las diferencias de costos entre operadores legales e ilegales pueden generar un círculo de informalidad que perjudique a los trabajadores y a los establecimientos comerciales.
El reclamo empresarial apunta ahora a que las autoridades nacionales profundicen las investigaciones y adopten medidas coordinadas para limitar el ingreso y la comercialización de productos ilegales, sin obstaculizar las operaciones comerciales legítimas.
