Piden la citación de Cabandié y Frederic al Congreso para que informen sobre la actuación ante los incendios y el recorte presupuestario
La diputada nacional Brenda Austin (UCR Córdoba), con el acompañamiento de integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio, presentó este martes un proyecto de resolución para que se cite a la Cámara baja a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, a fin de que brinden explicaciones e informes sobre las tareas de prevención y lucha desarrolladas en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego ante los incendios forestales que afectan a 15 provincias del territorio nacional y el recorte presupuestario previsto para 2021 en el área.
La iniciativa fue acompañada con la firma de los diputados y diputadas Luis Petri, Gustavo Menna, Sofía Brambilla, Mario Arce, Alicia Fregonese, Josefina Mendoza, Fernando Iglesias, Carlos Fernández, Julio Sahad, Hugo Romero, Claudia Najul, Graciela Ocaña, Ximena García y Fabio Quetglas y contó, además, con otra veintena de adhesiones.
“Nuestro país se encuentra inmerso en una catástrofe ambiental de dimensiones y consecuencias enormes. En un momento donde la sequía, el cambio climático y los incendios intencionales asedian nuestras comunidades, el Gobierno Nacional lejos de atender a esta situación ha recortado la mitad de los fondos para la lucha contra el fuego y el equipamiento para los bomberos. Esto nos lleva a la conclusión de que no es prioridad para el Ejecutivo Nacional la política ambiental”, indicó Austin en la presentación.
En este sentido, agregó que “la gestión de esta catástrofe ambiental estuvo signada por la falta de planificación, falta de coordinación y cooperación interjurisdiccionales” y remarcó que, a la fecha, son 15 las provincias golpeadas por las llamas desde hace semanas: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero y Chaco.
A partir del análisis comparativo de los presupuestos de los últimos dos años y del proyecto para 2021, Austin advirtió que, mientras buena parte del país sigue atravesando gravísimos incendios forestales, el gobierno nacional ha decidido “recortar a la mitad” los fondos destinados a la prevención y lucha contra el fuego, así como a equipamiento y capacitación de brigadistas y horas de vuelo de aviones hidrantes. Para el año 2021 el presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego se redujo del 0,006 al 0,003 por ciento. Si a esto le sumamos los recursos que van a riesgos de desastres la tendencia se mantiene a la baja, pasando del 0.061 a 0.042 del presupuesto.
La diputada remarcó que las responsabilidades del gobierno nacional de coordinar con las jurisdicciones ante desastres de este tipo se encuentran contempladas en diversas normas jurídicas: la ley 26.562 (control de actividades de quema); la ley 26.331 (protección de bosques nativos); la ley 23.919 (Protección de los Humedales, RAMSAR); la ley 24.295 (Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático); y la ley 27.520 (Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global); y en especial la ley 26.815 (protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales).
Esta última norma crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego que está integrado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Ambiente como autoridad aplicación. Respecto a las responsabilidades del Ministerio de Seguridad de la Nación, tiene entre sus deberes coordinar los organismos del SINAGIR- SFMF, establecer y coordinar el sistema de comunicaciones para la emergencia, prever apoyo policial a las fuerzas provinciales y municipales, disponer el empleo de las fuerzas de seguridad para las zonas de impacto, evacuación, atención sanitaria, logística y articular con la Coordinación Única de Operaciones (CUO) del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios.
“Es una atribución del Parlamento ejercer el rol de contralor, exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional la presencia de los funcionarios/as responsables de abordar la situación, como así también es responsabilidad del Poder Ejecutivo proceder a la rendición de cuentas sobre lo obrado en consecuencia para abordar esta catástrofe social y ambiental que aqueja a más de la mitad de las provincias argentinas”, indicó el proyecto.
Entre los adherentes al proyecto de resolución se encuentran los diputados/as Juan Martín Musachio, María Luján Rey, Gisela Scaglia, Hernán Berisso, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Luis Pastori, José Luis Riccardo, Héctor Stefani, Aida Ayala, Ingrid Jetter, Albor Cantard, Carolina Castets, Karina Banfi, Gerardo Cipollini, Gabriela Lena, Dolores Martínez, Ricardo Buryaile, Diego Mestre, Gonzalo del Cerro, Federico Zamarbide, Lidia Ascarate, José Cano y Adriana Ruarte.
“Todavía estamos a tiempo de enmendar ese enorme error que representa este recorte en el presupuesto. En un momento en el que el cambio climático agudiza las condiciones se requiere de la preparación de los Estados para poder responder adecuadamente y evitar que un episodio se convierta en una catástrofe socioambiental”, completó Austin.