Cuenta regresiva por las universidades
El Gobierno enfrenta el vencimiento judicial para transferir $2,5 billones a las universidades, mientras analiza recurrir a la Corte Suprema. En paralelo, crece la tensión con el sector académico y ya se prepara una nueva marcha federal.
El conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario entra en una fase crítica: este viernes vence el plazo fijado por la Justicia para que la administración de Javier Milei transfiera $2,5 billones a las universidades nacionales, en cumplimiento de la ley de financiamiento vigente.
La orden surge de un fallo de segunda instancia que rechazó la apelación del Ejecutivo y exigió la aplicación inmediata de la norma. Sin embargo, en la Casa Rosada evalúan recurrir a la Corte Suprema como último recurso, una maniobra que, más que revertir el escenario, apunta a ganar tiempo frente a una obligación de alto impacto fiscal.
“No hay plata”
La frase, atribuida al propio Presidente en el seno del Gobierno, sintetiza la posición oficial frente a una erogación que incluso supera recientes desembolsos internacionales y se da en un contexto de caída de la recaudación e inflación en alza.
El conflicto no solo tiene derivaciones judiciales, sino también políticas y sociales. Desde el ámbito universitario y los gremios ya anticipan la posibilidad de reactivar protestas masivas, en línea con la histórica movilización de 2024 que reunió a cientos de miles de personas en todo el país.
En paralelo, el oficialismo analiza impulsar una nueva ley de financiamiento universitario con menor impacto sobre las cuentas públicas, aunque el margen político se redujo tras el fallo adverso y las tensiones en el Congreso.
La disputa también complica la estrategia legislativa del Gobierno, que buscaba recuperar iniciativa tras debates recientes, pero ahora enfrenta un escenario más adverso, con riesgos judiciales para funcionarios en caso de incumplimiento y una creciente presión del sistema universitario.
Con el plazo a punto de vencer, la Casa Rosada queda atrapada entre el costo fiscal de cumplir, el riesgo institucional de desobedecer y el impacto político de una nueva movilización en las calles.
