Aval judicial para avanzar con la reforma de Glaciares
La Cámara Federal de San Martín revocó una medida cautelar que había frenado parcialmente la aplicación de los cambios impulsados por el Gobierno nacional. La discusión sobre el alcance de la protección ambiental continuará en la Justicia.
La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que había suspendido parcialmente la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión representa un respaldo judicial para el Ejecutivo, que busca flexibilizar algunos aspectos de la normativa vinculada a actividades productivas y de inversión en zonas cordilleranas.
El fallo dejó sin efecto la resolución de primera instancia que había hecho lugar a un planteo presentado por organizaciones ambientalistas y sectores opositores, quienes advertían que las modificaciones podían afectar áreas protegidas y debilitar los mecanismos de preservación de glaciares y ambientes periglaciares.
La controversia surgió tras la aprobación de cambios incluidos en el paquete de reformas económicas promovido por el Gobierno. Desde la Casa Rosada sostienen que la legislación vigente impone restricciones excesivas para proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, mientras que los críticos afirman que una flexibilización podría poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.
Diversas organizaciones ambientales, entre ellas Fundación Ambiente y Recursos Naturales y otros colectivos especializados en protección de ecosistemas de montaña, habían advertido que la reforma podría reducir el alcance de las zonas protegidas definidas por la ley sancionada en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, cámaras empresarias vinculadas a la minería celebraron la decisión judicial y sostuvieron que la incertidumbre regulatoria afectaba inversiones en provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza y Catamarca. Gobernadores de esas jurisdicciones vienen reclamando mayores condiciones para el desarrollo de proyectos extractivos y energéticos.
A pesar del revés para quienes impulsaron la cautelar, la cuestión de fondo aún no está resuelta. La constitucionalidad y el alcance de la reforma seguirán siendo debatidos en los tribunales, por lo que el expediente podría escalar a instancias superiores y prolongar la disputa entre el Gobierno, las provincias y las organizaciones ambientalistas.
