Diputados ponen el foco en el patrimonio de Adorni
El jefe de Gabinete se presentará el 29 de abril en la Cámara baja, donde enfrentará 66 preguntas vinculadas a sus bienes, propiedades y movimientos patrimoniales. La oposición también busca explicaciones por el caso Libra y los vuelos privados.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni se prepara para una de las jornadas más delicadas desde su desembarco en la Jefatura de Gabinete: el próximo 29 de abril deberá presentarse en la Cámara de Diputados, en medio de la polémica por su patrimonio, viajes y gastos personales.
Según trascendió, el funcionario deberá responder 66 preguntas directamente vinculadas al escándalo patrimonial, dentro de un universo mucho mayor de consultas enviadas por los legisladores.
De acuerdo con datos relevados por Letra P y confirmados por otros medios, la Jefatura recibió cerca de 4.800 preguntas, que luego fueron recortadas a unas 2.100 respuestas consolidadas, bajo el criterio oficial de eliminar consultas repetidas.
El eje político de la sesión estará puesto en las explicaciones sobre propiedades, viajes al exterior, vuelos privados y evolución patrimonial, un tema que ya derivó en actuaciones judiciales en Comodoro Py.
Entre los puntos más sensibles aparecen las consultas sobre el departamento en Caballito, la propiedad atribuida a su entorno familiar en un country del norte bonaerense y los viajes a Nueva York y Punta del Este, que la oposición considera difíciles de compatibilizar con sus ingresos declarados.
Además, distintos bloques anticiparon que también buscarán interrogarlo por el caso Libra y por presuntas inconsistencias en su declaración jurada, por lo que la sesión podría transformarse en una verdadera interpelación política de alto voltaje.
En el oficialismo ratificaron que Adorni asistirá personalmente al Congreso, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga al jefe de Gabinete a informar regularmente sobre la marcha del Gobierno.
La exposición del 29 de abril aparece así como una instancia clave no solo para el funcionario, sino también para el Gobierno de Javier Milei, que busca contener el costo político de uno de los casos más sensibles de las últimas semanas.
