El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Salud Mental
El proyecto enviado al Congreso redefine criterios de riesgo, amplía facultades para internaciones involuntarias y otorga mayor centralidad a la psiquiatría en el sistema.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), junto con cambios en el Código Civil y Comercial, con el objetivo de reformular el abordaje de las internaciones, reforzar el criterio médico y actualizar el marco normativo vigente. La iniciativa fue presentada mediante el Mensaje N° 108/2026 y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Mario Lugones y Juan Bautista Mahiques.
Uno de los cambios más relevantes es la redefinición del criterio para internaciones involuntarias. El proyecto reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, con el objetivo de ampliar el margen de intervención y evitar, según el Ejecutivo, situaciones de inacción por ambigüedades normativas.
En esa línea, se refuerza el carácter excepcional de la internación, pero se habilita su aplicación cuando no existan alternativas ambulatorias eficaces. Además, se establecen requisitos más precisos, como la intervención obligatoria de equipos interdisciplinarios con participación de al menos un médico psiquiatra, tanto para evaluar como para validar estas medidas.
El proyecto también introduce modificaciones estructurales en el sistema de salud mental, al otorgar mayor protagonismo a la mirada médico-psiquiátrica en la prevención, diagnóstico y tratamiento, incluyendo las adicciones como parte integral del abordaje. Asimismo, se amplía la posibilidad de crear establecimientos especializados y se refuerza el rol de los servicios de salud en la atención de estos cuadros.
Otro eje central es la adecuación del Código Civil y Comercial, donde se incorporan estos nuevos criterios para las internaciones sin consentimiento, estableciendo mayor intervención judicial, plazos más definidos y garantías de debido proceso.
A su vez, se establecen nuevas pautas sobre consentimiento informado, altas médicas y seguimiento de pacientes, incluyendo la posibilidad de medidas protectorias post internación para garantizar la continuidad del tratamiento.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca dotar de mayor claridad y eficacia al sistema, alineándolo con estándares internacionales y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Sin embargo, el proyecto abre un debate sensible en torno al equilibrio entre derechos individuales y facultades del Estado en materia de salud mental, un eje que promete discusión en el ámbito legislativo.
