San Luis habilitó una reforma constitucional que busca terminar con las reelecciones indefinidas
La Legislatura aprobó la declaración de necesidad de reforma de la Constitución provincial. El proyecto impulsado por Claudio Poggi también propone eliminar las elecciones de medio término, incorporar el balotaje y modificar el funcionamiento de la Justicia. La oposición cuestionó la extensión de mandatos de legisladores hasta 2031.
San Luis dio el primer paso formal para avanzar con una reforma parcial de su Constitución. La Cámara de Diputados sancionó la iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi con 30 votos a favor y 13 en contra, alcanzando la mayoría especial de dos tercios exigida por la Carta Magna. El Senado ya había aprobado el proyecto el 18 de agosto.
La aprobación no modifica automáticamente la Constitución vigente desde 1987. La ley declara la necesidad de reformarla, establece los puntos habilitados para el debate y dispone la convocatoria de una Convención Constituyente integrada por 52 representantes elegidos por voto popular.
Uno de los principales cambios será el límite a la permanencia en la Gobernación. La propuesta contempla que una persona pueda ejercer como gobernador durante un máximo de dos períodos, consecutivos o alternados, y luego quede impedida de volver a ocupar el cargo. El mandato de Poggi iniciado en 2023 será computado como el primero bajo ese nuevo esquema.
La modificación pondría fin al sistema que permitió largas permanencias de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá al frente de la provincia. Adolfo Rodríguez Saá gobernó durante cinco períodos, mientras que Alberto ocupó el Ejecutivo provincial durante cuatro mandatos.
La reforma también habilita la incorporación de una segunda vuelta electoral o balotaje para gobernador y vicegobernador y propone eliminar las elecciones legislativas de medio término. Diputados y senadores pasarían a renovarse completamente cada cuatro años, simultáneamente con la elección del Poder Ejecutivo.
Uno de los aspectos que generó mayor controversia es la cláusula transitoria que permitiría que los legisladores elegidos en 2025, cuyos mandatos finalizaban en 2029, permanezcan en sus bancas hasta 2031. El mismo sistema podría extenderse a los Concejos Deliberantes municipales.
Desde el justicialismo cuestionaron ese punto. La diputada Silvia Sosa Araujo señaló que quienes fueron elegidos en 2025 recibieron un mandato popular por cuatro años y objetó que una reforma posterior pueda extenderlo a seis. También cuestionó el costo previsto para llevar adelante el proceso constituyente, calculado en alrededor de $3.604 millones.
La oposición también advirtió que eliminar las elecciones intermedias podría reducir una instancia de control ciudadano sobre los gobiernos provinciales. El diputado Cristian Alcaraz sostuvo que suprimir esos comicios equivaldría a otorgar un “cheque en blanco” a las administraciones durante cuatro años.
Los cambios alcanzan además al Poder Judicial. Se habilita la separación del Ministerio Público del Poder Judicial, modificaciones en el Consejo de la Magistratura y un límite de 75 años para determinados cargos judiciales y organismos de control. También se contemplan nuevas disposiciones sobre agua, educación, derechos vinculados a las nuevas tecnologías y relaciones intergubernamentales.
Poggi celebró la aprobación y aseguró que el objetivo es fortalecer la institucionalidad y limitar la concentración del poder. “Un día histórico para la provincia de San Luis”, expresó luego de la votación.
La próxima etapa será la elección de los convencionales, quienes tendrán la facultad de redactar y aprobar los cambios únicamente dentro de los temas autorizados por la ley.
