El Senado debate una ley para regular el cierre de minas
BUENOS AIRES.– El Senado de la Nación comenzó a debatir un nuevo marco legal para regular el cierre de explotaciones mineras, con el objetivo de garantizar la recuperación ambiental de los yacimientos y establecer responsabilidades para las empresas una vez finalizada su actividad.
La discusión se desarrolló el miércoles 21 de octubre durante una reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, presidida por Flavia Royón (Primero los Salteños), y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezada por Edith Terenzi (Despierta Chubut).
Durante el encuentro se presentaron dos iniciativas que proponen incorporar al Código de Minería un régimen específico de cierre de minas, destinado a establecer procedimientos, controles y garantías económicas para afrontar los costos de recuperación de las áreas explotadas.
Obligaciones ambientales desde el inicio de la actividad
La senadora Flavia Royón destacó la necesidad de establecer reglas uniformes para todo el país, especialmente ante la proximidad del cierre de distintos emprendimientos mineros.
La legisladora sostuvo que las responsabilidades ambientales deben contemplarse desde el inicio de cada proyecto, de manera que las empresas cuenten con una planificación adecuada y los recursos necesarios para afrontar la etapa final de explotación.
También señaló que ambos proyectos buscan ofrecer seguridad jurídica y garantizar la disponibilidad de fondos para remediar los pasivos ambientales que pudieran generarse.
Dos propuestas para modificar el Código de Minería
Una de las iniciativas fue presentada por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi. El proyecto surgió de una propuesta del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y plantea incorporar obligaciones específicas para las empresas y facultades de fiscalización para las autoridades competentes.
Fama explicó que actualmente existen pocos antecedentes provinciales de regulación sobre esta materia y mencionó los casos de Catamarca, San Juan y Santa Cruz.
Por su parte, Terenzi destacó que la iniciativa busca garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, promoviendo una actividad productiva que no comprometa los recursos de las generaciones futuras.
La segunda propuesta corresponde a la senadora Lucía Corpacci (Justicialista) y otros legisladores, quienes también impulsan la incorporación de un régimen de cierre al Código de Minería.
Corpacci remarcó que las provincias con actividad minera necesitan contar con procedimientos claros para la finalización de los emprendimientos y puso especial énfasis en el régimen de sanciones.
Según explicó, su propuesta contempla responsabilidades civiles y penales ante incumplimientos en la ejecución del cierre de una explotación minera.
Quién paga la recuperación ambiental
Uno de los aspectos centrales del debate es determinar cómo se financiarán las tareas necesarias para recuperar las zonas afectadas por la actividad extractiva.
El cierre de una mina puede requerir trabajos de estabilización de instalaciones, tratamiento de residuos, control de posibles contaminantes y monitoreo ambiental posterior a la explotación.
La discusión legislativa apunta a establecer garantías para que los costos de esas tareas sean afrontados por las empresas responsables y no terminen trasladándose al Estado o a las comunidades próximas a los emprendimientos.
La regulación también adquiere importancia frente al crecimiento de los proyectos vinculados con minerales estratégicos, como el litio y el cobre, y la necesidad de compatibilizar las inversiones con la protección ambiental.
Continuará el tratamiento en comisión
Al finalizar la reunión, Royón anunció que se convocará a un nuevo encuentro con invitados y especialistas para profundizar el análisis de ambas iniciativas y avanzar en la búsqueda de consensos.
El tratamiento recién comienza y todavía no existe un texto unificado ni un dictamen definitivo.
El objetivo será establecer una legislación nacional que otorgue previsibilidad al sector minero, defina responsabilidades ambientales y garantice mecanismos efectivos de control durante la etapa de cierre de los yacimientos.
