El Gobierno apela a la Corte para frenar la ley de financiamiento universitario
Busca suspender su aplicación mientras avanza la disputa judicial por el alcance del gasto educativo.
El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, avanzó con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar suspender la ley de financiamiento universitario, en medio de un fuerte conflicto con el sistema educativo.
La estrategia oficial apunta a que el máximo tribunal deje sin efecto la norma o, al menos, frene su aplicación mientras se resuelve la cuestión de fondo. El argumento central del Ejecutivo es que la ley compromete el equilibrio fiscal y afecta las metas económicas del Gobierno, al establecer mayores partidas presupuestarias para las universidades.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa aprobada por el Congreso impone obligaciones de gasto que no cuentan con financiamiento claro, lo que —afirman— pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. En ese marco, la apelación busca reforzar la posición del Ejecutivo frente a fallos judiciales que ya ordenaron avanzar con su implementación.
En contraposición, sectores de la oposición, rectores y gremios universitarios defienden la norma y advierten que su suspensión implicaría un fuerte ajuste sobre el funcionamiento de las universidades públicas, afectando salarios, investigación y servicios educativos.
El conflicto escala así a la Corte Suprema, que deberá definir si habilita el planteo del Gobierno o mantiene vigente la ley. La decisión será clave en la disputa entre ajuste fiscal y financiamiento educativo, en uno de los debates más sensibles de la agenda pública actual.
