Rectores y gremios universitarios preparan una nueva pulseada con Milei por el ajuste
La UBA anticipó una movilización multitudinaria mientras crece el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales, los salarios docentes y el funcionamiento del sistema científico.
El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, advirtió que la próxima Marcha Federal Universitaria tendrá una convocatoria “masiva” y reflejará el creciente malestar de la comunidad educativa frente al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
Durante una entrevista difundida por Página/12, Gelpi sostuvo que las universidades atraviesan una situación límite por la pérdida de recursos y la caída salarial de docentes y trabajadores no docentes.
La protesta comenzó a tomar forma luego de varias reuniones entre rectores, centros de estudiantes y sindicatos universitarios que buscan reeditar la gran movilización federal del año pasado. Según publicó Infobae, las casas de estudio reclaman una actualización urgente de partidas para sostener gastos operativos, investigaciones, hospitales universitarios y programas académicos.
El conflicto también se profundiza por la situación salarial. Gremios docentes denunciaron que las subas otorgadas por la administración de Javier Milei quedaron muy por debajo de la inflación y advirtieron sobre renuncias de profesionales, reducción de actividades y dificultades para sostener proyectos científicos.
En paralelo, La Nación informó que varias universidades nacionales comenzaron a revisar gastos esenciales y alertaron por el deterioro de infraestructura, equipamiento y becas estudiantiles.
La discusión además escaló políticamente luego de que funcionarios nacionales insistieran con la necesidad de auditar el sistema universitario. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional respondieron que las universidades ya se encuentran sometidas a mecanismos permanentes de control y acusaron al oficialismo de utilizar el tema para desacreditar a la educación pública.
La nueva movilización buscará volver a mostrar capacidad de presión callejera sobre la Casa Rosada, en un contexto donde el enfrentamiento entre el Gobierno y el sistema universitario se convirtió en uno de los focos más sensibles del conflicto social.
