Santilli suma una nueva denuncia penal
El diputado Esteban Paulón denunció penalmente al jefe de Gabinete por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es la segunda presentación judicial contra Santilli en menos de 24 horas. La acusación sostiene que el Ejecutivo continúa sin ejecutar plenamente la ley universitaria pese a que una medida cautelar quedó firme tras una decisión de la Corte Suprema.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó nuevamente bajo cuestionamiento judicial luego de que el diputado nacional Esteban Paulón presentara una denuncia penal por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación atribuye al funcionario los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y apunta específicamente a su responsabilidad como jefe de Gabinete en la ejecución y reasignación de partidas presupuestarias.
Paulón apunta al incumplimiento de la ley
El conflicto se remonta a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso durante 2025.
El Poder Ejecutivo promulgó posteriormente la norma, pero estableció que su ejecución quedaría condicionada a que el Congreso determinara las fuentes específicas de financiamiento.
Esa decisión fue judicializada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que obtuvo una medida cautelar para que se aplicaran artículos vinculados con la actualización de salarios docentes y no docentes y la recomposición de programas destinados a estudiantes.
Paulón sostiene que la propia ley habilita al jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias y considera que Santilli no puede argumentar la inexistencia de partidas para justificar la falta de aplicación.
La Corte dejó firme la cautelar
La disputa atravesó distintas instancias judiciales.
El Gobierno apeló la medida cautelar, pero la Cámara confirmó la decisión. Posteriormente, el caso llegó a la Corte Suprema, que rechazó el recurso del Poder Ejecutivo por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
De esa manera quedó vigente la cautelar que obliga al Estado a aplicar, mientras continúa la discusión de fondo, dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario.
Para Paulón, esa resolución agotó las posibilidades del Ejecutivo de continuar demorando el cumplimiento de esos puntos de la norma.
El legislador ya había intimado formalmente a Santilli durante julio mediante una carta documento, en la que le otorgó 48 horas para informar qué medidas presupuestarias había adoptado para cumplir con la decisión judicial y advirtió que recurriría a la Justicia si no obtenía una respuesta satisfactoria.
Segunda denuncia en menos de 24 horas
La presentación de Paulón se conoció apenas un día después de otra denuncia penal que incluyó a Santilli junto al presidente Javier Milei y otros funcionarios.
Aquella causa está relacionada con el decreto que modificó el régimen de practicaje y pilotaje y provocó un fuerte conflicto con prácticos, pilotos y baqueanos.
Los denunciantes sostuvieron que los cambios podían comprometer las condiciones de seguridad de la navegación y pidieron investigar una eventual violación del artículo 190 del Código Penal.
La medida desencadenó un paro que paralizó durante varios días el movimiento de numerosos buques y generó fuertes pérdidas en los principales puertos del país, hasta que el Gobierno y los profesionales alcanzaron un acuerdo para restablecer el servicio.
La pelea por los fondos universitarios continúa abierta
La denuncia contra Santilli agrega ahora un nuevo frente judicial a un conflicto que lleva meses enfrentando al Gobierno con universidades, docentes, estudiantes y sectores de la oposición.
El eje de la disputa continúa siendo cuánto dinero debe transferir el Estado para cumplir con la actualización prevista por la ley y qué margen tiene el Ejecutivo para administrar esas partidas sin comprometer su objetivo de equilibrio fiscal.
La presentación de Paulón deberá ahora ser evaluada por la Justicia, que tendrá que determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal. Como ocurre con cualquier denuncia, su presentación no implica por sí misma responsabilidad penal del funcionario.
